Guillermo Mastrini, docente de comunicación de la UBA y de la Universidad de Quilmes, es uno de los que opina desde la docencia y desde el conocimiento acerca de la comunicación. Para él está claro que la ley vigente de radiodifusión de Videla y Martínez de Hoz es negativa para la democracia y por lo tanto, a 26 años de la llegada de la Democracia, es absurdo que no se hagan los cambios necesarios para terminar con esta situación.
Si bien durante estos años se presentaron diversos proyectos integrales, siempre el parlamento se negó a tratarlos. Ahora, sin embargo, es la oportunidad. Y lo es, porque el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) lo presentó con fuerza para ser tratado.
A los que estamos en el tema, todos los momentos nos parecen apropiados. Antes de las elecciones o después de ellas, con un parlamento o con otro, lo que no nos parece oportuno ni democrático es que algunos políticos pongan excusas de oportunidad, cuando ya son culpables (tanto desde el gobierno como fuera de él), de haberse hecho los distraídos cuando los proyectos parecían afectar los intereses de los medios. Porque suena demasiado a no querer quedar mal con quienes le van a dar prensa, y porque hacen quedar mal a los medios que parece que sólo le dan prensa a quienes defienden sus intereses en el Parlamento.
En 1989, fueron los mismos políticos quienes aprobaron una reforma que permitía que las sociedades anónimas (sin importar sus actividades económicas) tuvieran licencias de radios. Y en el mundo hay ejemplos, denunciados por la prensa independiente de verdad, sobre cómo intervenían las empresas en la prensa para hablar bien de sus productos, desde la objetividad periodística, ¡de sus propios empleados!
En 1991, se permite el ingreso a la prestación radiofónica a capitales estadounidenses o allí radicados.
En 1999, se amplía el número de licencias permitidas por operador de 4 a 24 y se autorizan cadenas monopólicas.
En 2003, la llamada Ley Clarín evita la convocatoria de acreedores para los grandes medios.
En 2004, se extienden por 10 años los permisos para canal 11 y canal 13.
En 2005, se estiran por 10 años las licencias de las radios.
En 2007, se aprueba la fusión de Cablevisión y Multicanal.
Cada una de estas reformas contó con el beneplácito de los partidos políticos y no sirvieron para mejorar la calidad de la comunicación. Todo lo contrario, sirvieron para envilecer aún más la calidad, fortalecer el monopolio y evitar el ingreso de nuevos actores que trajeran aire fresco a la información que le llegaba al público.
Ahí están los años, ahí están los presidentes y sus opositores. Todos cedieron y todos son responsables. Ninguna de esas leyes o decretos benefician al público, sólo al negocio.
¿No es hora de cambiar?
Si bien durante estos años se presentaron diversos proyectos integrales, siempre el parlamento se negó a tratarlos. Ahora, sin embargo, es la oportunidad. Y lo es, porque el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) lo presentó con fuerza para ser tratado.
A los que estamos en el tema, todos los momentos nos parecen apropiados. Antes de las elecciones o después de ellas, con un parlamento o con otro, lo que no nos parece oportuno ni democrático es que algunos políticos pongan excusas de oportunidad, cuando ya son culpables (tanto desde el gobierno como fuera de él), de haberse hecho los distraídos cuando los proyectos parecían afectar los intereses de los medios. Porque suena demasiado a no querer quedar mal con quienes le van a dar prensa, y porque hacen quedar mal a los medios que parece que sólo le dan prensa a quienes defienden sus intereses en el Parlamento.
En 1989, fueron los mismos políticos quienes aprobaron una reforma que permitía que las sociedades anónimas (sin importar sus actividades económicas) tuvieran licencias de radios. Y en el mundo hay ejemplos, denunciados por la prensa independiente de verdad, sobre cómo intervenían las empresas en la prensa para hablar bien de sus productos, desde la objetividad periodística, ¡de sus propios empleados!
En 1991, se permite el ingreso a la prestación radiofónica a capitales estadounidenses o allí radicados.
En 1999, se amplía el número de licencias permitidas por operador de 4 a 24 y se autorizan cadenas monopólicas.
En 2003, la llamada Ley Clarín evita la convocatoria de acreedores para los grandes medios.
En 2004, se extienden por 10 años los permisos para canal 11 y canal 13.
En 2005, se estiran por 10 años las licencias de las radios.
En 2007, se aprueba la fusión de Cablevisión y Multicanal.
Cada una de estas reformas contó con el beneplácito de los partidos políticos y no sirvieron para mejorar la calidad de la comunicación. Todo lo contrario, sirvieron para envilecer aún más la calidad, fortalecer el monopolio y evitar el ingreso de nuevos actores que trajeran aire fresco a la información que le llegaba al público.
Ahí están los años, ahí están los presidentes y sus opositores. Todos cedieron y todos son responsables. Ninguna de esas leyes o decretos benefician al público, sólo al negocio.
¿No es hora de cambiar?
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