miércoles, 28 de julio de 2010

Denuncian que el gerente general de Papel Prensa cobra 120 mil pesos mensuales

El gerente general de Papel Prensa, Jorge Noseda, cobra "120 mil pesos mensuales", denunciaron hoy fuentes de esa papelera, quienes consideraron esa remuneración como "una verguenza".
(Télam) - "Noseda cobra 120 mil pesos mensuales y esto es una verguenza", afirmaron a Télam las fuentes de Papel Prensa.

Noseda, quien fue llevado en el año 1997 con el CEO de Clarín en Papel Prensa, está involucrado también en una denuncia de José Pirillo ante la Justicia como quien "recaudaba" un "retorno de entre un 10 y un 15 por ciento" por factura en esa papelera, bajo "las órdenes de Héctor Magnetto".

Pirillo refirió ante la Justicia que "esa era una práctica normal" en Papel Prensa e inclusive admitió que él mismo "había recibido dinero".

Publicado por El Noticialista

martes, 27 de julio de 2010

EL TITULAR DE LA RURAL SE APROPIO DE DOS VIAS DE COMUNICACION CLAVE DE CARLOS CASARES, QUE ANEXO A SUS CAMPOS

Eran calles públicas, ahora son de Biolcati
Hace ya ocho meses que el Concejo Deliberante reclamó su restitución. La interrupción de ambas vías públicas perjudica a productores y habitantes que quieren ir hacia 9 de Julio o La Sofía.
Por Alfredo Zaiat (Página 12)

El 26 de noviembre de 2009, el Concejo Deliberante de Carlos Casares, con el voto unánime de sus trece miembros presentes, aprobó la comunicación 08/09, solicitando al Ejecutivo comunal la liberación al tránsito de una calle pública. Esa vía de comunicación, paralela al trazado del ex Ferrocarril General Sarmiento, continuación de la calle Buenos Aires, une ese distrito con el partido 9 de Julio. Ese pedido estuvo motivado en que esa calle de tierra fue cerrada por un alambre que impide el paso de los vecinos.
El responsable de ese piquete particular con alambre es el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, dueño de la estancia La Dorita, quien incorporó esa parcela de terreno a su propiedad. En esa comunicación del Concejo Deliberante también se reclamó por otro camino cerrado por Biolcati. Con una tranquera, el tambero también clausuró un sendero público hacia la localidad de La Sofía, que se prolonga hacia el norte cruzando la Ruta 5 hasta encontrarse con la calle paralela a las vías del ex Ferrocarril General Sarmiento. De ese modo, Biolcati incorporó a la ya extensa superficie de La Dorita dos caminos públicos de tierra que son alternativas “válidas y eficientes para el tránsito de maquinaria pesada agropecuaria y vial” para el resto de los productores, señalaron los concejales de Carlos Casares. Hasta la fecha, ese pedido de apertura de dos calles de circulación pública fue ignorado por Biolcati, y ni siquiera considerado por la intendencia.

Biolcati es muy conocido en esa zona agrícolo-ganadera por su escasa preocupación por la situación que provoca su accionar en otros productores cercanos. El 3 de enero de este año, este cronista publicó “El canal de Biolcati”, donde se destacaba que la estancia La Dorita había sido denunciada en 2001 ante la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires por la existencia de un canal clandestino que permitía escurrir sus campos, afectando a sus vecinos. En esos años de padecimiento del sector, por los efectos económicos de la convertibilidad y por la gran inundación en la Pampa Húmeda, la construcción de canales aliviadores ilegales multiplicaron los riesgos sobre el casco urbano de decenas de localidades y sobre los campos de pequeños y medianos productores. Esas obras provocaron varios enfrentamientos entre dueños de campos y también entre intendentes. Uno de los canales clandestinos que hizo estragos fue el construido en la estancia La Dorita, que servía para salvar los terrenos de Biolcati. Una serie de artículos publicados en esos años en el diario La Nación, medio que no puede ser señalado como enemigo del campo al expresar como ningún otro el interés de los integrantes del sector agropecuario privilegiado, reflejó el caso de La Dorita de Biolcati, entre otros. El titular de la Rural también tiene en su haber otro conflicto por canales aliviadores, ocurrido en 1997.

Canales clandestinos que perjudican a productores, oposición a permitir la construcción de uno en su campo para aliviar a decenas de productores vecinos y la clausura de dos calles públicas para su beneficio personal forman parte de la foja de servicios del anfitrión de la Exposición Rural de Palermo en su relación con la comunidad de Carlos Casares. La versión taquigráfica de la sesión en el Concejo Deliberante que emitió el comunicado dirigido al entonces presidente del cuerpo legislativo y posterior intendente radical Luis Alberto Seraci, reclamando la apertura de esos dos caminos de tierra, permite conocer en detalle la historia de las calles de Biolcati. El concejal Daniel Lombardo explicó en el recinto que el camino que lleva al partido de 9 de Julio está cerrado al tránsito “por un alambre y además hay una serie de montículos de tierra y una alcantarilla que no está en uso”. “Esto es realmente de no creer, que dos caminos que facilitarían la posibilidad del tránsito de maquinarias se encuentren cortados”, afirmó. Para luego enfatizar que “aquí hay alguien que está haciendo un abuso tremendo de su propiedad, extendiéndola”, agregando que “este tipo de cortes son asombrosos y es realmente vergonzoso”.

Después hizo uso de la palabra el concejal Claudio Caprioli, quien indicó que el corte de un camino público para usufructo personal es un delito. Como antecedente de la actuación de Biolcati en la zona, recordó los acontecimientos de 1997. Caprioli rememoró que en ese año el área agropecuaria estaba padeciendo los estragos de una fuerte inundación. Para atender el estado de desesperación de varios productores se necesitaba desviar el agua mediante un canal aliviador por el costado de la ruta, desde el bajo de la Laguna Magagnini hacia la Laguna de La Dorita, de Biolcati. Caprioli detalló que “hubo que hacer una serie de reuniones con el propietario de esas tierras, el señor Biolcati, que no permitía, pese a la situación desesperante en que estaba el sur de nuestro partido, que máquinas municipales entraran a su terreno para hacer el zanjeo necesario”. Biolcati argumentaba que esa obra perjudicaba hectáreas de su propiedad privada, hasta que logró mediante un acuerdo con la provincia de Buenos Aires el “pago de una especie de canon mensual para permitir que el agua, en esa situación de emergencia, cruce la Ruta 5 en el kilómetro 306, pase por su tierra y llegue a la laguna”, explicó el concejal. Apuntó que Biolcati no respondía a los pedidos de la intendencia, y que las autoridades tuvieron que “ir hasta su lugar para pedirle poco menos que por favor, y no se logró hasta el momento que tuvo la posibilidad de recibir dinero a cambio”. En su exposición, Caprioli retomó el tema de las dos calles cerradas, afirmando que “el hombre (por Biolcati) cerró caminos públicos y los transformó en unas cuantas hectáreas más para su provecho. Impidió el acceso de muchos otros productores que tienen sus campos en esa zona, que tienen que dar una vuelta inmensa para llegar a sus campos porque el señor Biolcati alambró la calle pública”. Concluyó diciendo que “mucho le costó ceder unas hectáreas para hacer una zanja que beneficiaba a mucha gente y no le costó nada poner alambrado para aprovecharse de lo que no es de él”.

El concejal Oscar Reyero afirmó que “el hecho de que una calle pública hoy sea de dominio privado es una aberración”, y es importante “recuperarla porque resultaría una vía alternativa para el tránsito de maquinarias agrícolas, que de esa forma evitarían el uso de la Ruta 5 con los peligros que ello conlleva”. En ese momento de la sesión, el concejal Lombardo solicitó nuevamente la palabra para mencionar que Reyero habla por propia experiencia debido a que tiene un campo cercano a ese camino apropiado por Biolcati. Por esa clausura privada, el concejal productor –explicó Lombardo– ha tenido que dar bastantes vueltas con su maquinaria para llegar a su campo. “Pareciera que estuviésemos en el siglo XIX, cuando después de las conquistas de los territorios que habían pertenecido a los aborígenes se miraba a lo lejos y se decía: ‘Bueno, allá donde llega la vista pongo el alambrado’. Menos mal que (Biolcati) no tenía largavistas, si no, hubiese alambrado hasta la Estación de Casares”, señaló irónico Lombardo. Para concluir que “acá hay un abuso terrible, propio de alguien que se ha manejado con una impunidad total, amparado precisamente por su poder económico. Estamos peleando para que estos caminos vecinales, aunque sea para que circule nada más que un tractor de un humilde trabajador rural, sean abiertos, nada más”. Se puso a votación el comunicado dirigido al intendente y fue aprobado por unanimidad de los trece concejales presentes. Desde entonces nada ha cambiado. Biolcati todavía disfruta de haber incorporado a su patrimonio dos calles públicas, inhibiéndose por ahora de ponerles su nombre.

viernes, 16 de julio de 2010

“Silencio por sangre”: la investigación sobre Papel Prensa

“¡Firmá o te mato!”

La contundente expresión con que empieza el libro “Silencio por sangre”, de los periodistas Daniel Cecchini y Jorge Mancinelli, es elocuente y refleja su estilo y contenido. Tanto, que le hace decir a otro periodista, Eduardo Anguita, en el prólogo: “es, sin duda, un thriller. Tiene la tensión delrelato de hechos reales que reclamaba Rodolfo Walsh y, además, cada frase contiene un dato y cada párrafo un concepto. Lo dramático es que, como otras grandes investigaciones periodísticas, nos pone de cara a la impunidad y la voracidad de los grupos de poder económico cuando están asociados con las peores formas de autoritarismo político.”

El libro, que acaba de ser publicado por editorial Miradas al Sur (cuesta $10 y se vende en los quioscos de diarios), relata cómo la empresa Papel Prensa, creada en la década del ’60 como un alternativa para contar con papel de diario fabricado en el país, se transformó en el preciado botín que permitió un acuerdo cuasi mafioso entre la dictadura militar de 1976 y tres grandes diarios argentinos.

“Silencio por sangre” cuenta los entretelones de la empresa, de qué manera las acciones pasaron por las manos de Civita, Graiver y más de 300 accionistas después, para quedar en poder de Clarín, La Nación y el gobierno de Videla en 1977, y convertirse hasta ahora en el arma estratégica que permitió avanzar y consolidarse a los dos grandes diarios argentinos, destruyendo o neutralizando competidores y dominando en forma total el mercado editorial.

Pero nada mejor que el lector mismo pueda evaluar el estilo y las características de esta investigación, que no fue sencillo realizar hasta hoy (aunque existen valiosos antecedentes parciales), cuando se cuenta con nuevos testimonios, documentos que salen de sus escondites y una acción judicial que parece avanzar sin pausa en el camino hacia la verdad. Por eso es interesante conocer cómo son los primeros párrafos de la obra...

“¡Firmá o te mato!”

La mujer –joven, recientemente viuda, madre de una niña pequeña- sabía que no acababa de escuchar una amenaza vana. Corría marzo de 1977 y allí donde estaba, la gente moría, la mataban. Lo había visto. Lo había escuchado a través de las paredes. A ella también podía pasarle si no firmaba los malditos papeles. Y si los firmaba, quizá también. Podían ejecutarla, o torturarla hasta la muerte. Su propio cuerpo le gritaba que no faltaba mucho, que tal vez no resistiera la próxima sesión de picana, de submarino, de lo que el capricho de los señores de la vida y de la muerte decidiera.

“¡Firmá, impura, o te mato!”

Allí no tenía otro nombre. Desde la misma noche de su secuestro la habían empezado a llamar así: “La impura”. Se había casado con un judío, y eso no se lo perdonaban. Era psicóloga, una profesión subversiva, y eso tampoco ayudaba. Le peguntaban por personas, lugares, encuentros y otras cosas, y ella casi nunca sabía las respuestas. Pero no estaba allí por eso. Lo que querían era otra cosa: que firmara la sesión de las acciones de la empresa productora de papel de diarios que había sido de su marido y que, tras la muerte de éste en un accidente aéreo, les pertenecían a ella y a su hija. Por eso también estaban secuestrados, desaparecidos para todos, su suegra, su suegro y otros miembros de su familia.

“¡Firmá, carajo, firmá o te mato!”

Devuelta a la oscuridad de su celda de Puerto vasco, la frase seguía retumbando en los oídos de Lidia Papaleo de Graiver. Sabía que estaba al límite de sus fuerzas: tenía los pechos y el abdomen destruidos por las torturas; los golpes en la cabeza la tenían en un permanente estado de confusión. Lo que más la desesperaba era no saber dónde ni con quiénes estaba maría Sol, su hija de un año.
(…)

(Continuará)

sábado, 10 de julio de 2010

Estos son los jueces que favorecen a Clarín y La Nación

La Justicia pone la lupa sobre la Justicia

Los camaristas Luis Francisco Miret y Otilio Romano, entre otros magistrados y ex fiscales mendocinos, son acusados por omitir denuncias, avalar detenciones ilegales y no investigar torturas durante la última dictadura militar. Son los mismos que frenaron la Ley de medios.

Por Nora Veiras (Página 12)

“El Poder Judicial federal de la provincia de Mendoza evidenció (durante la dictadura) una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron (...) Esta afirmación está basada en un hecho incontrovertible: pese a las innumerables denuncias de cientos de desapariciones y/o homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos sexuales (...) no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado por la comisión de esos delitos.” A lo largo de casi doscientas fojas, el fiscal general Omar Palermo detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a los actuales camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Luis Francisco Miret y al ex juez Gabriel Guzzo, entre otros, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. Calificaciones que tributan en delitos de lesa humanidad.

Miret y Romano ya fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por organismos de derechos humanos y el propio ministro de Justicia provincial (ver aparte). El pedido del fiscal Palermo, encargado de impulsar las causas por delitos de lesa humanidad, se nutre del testimonio de las víctimas entre 1975 y 1983. El rechazo de los recursos de hábeas corpus, la negativa a buscar a personas desaparecidas, a investigar las condiciones de quienes estaban detenidos y a indagar sobre las torturas estremecen a pesar de la asepsia de la jerga legal. La colaboración del aparato judicial con el terrorismo de Estado se está empezando a investigar en distintas provincias (ver aparte). En Mendoza ya provocó la renuncia de otro camarista, Carlos Martín Pereyra González, quien fue señalado por la Cámara de San Luis por haber presenciado sesiones de tortura.

Modus operandi
El pedido del fiscal Palermo se presentó ante el juez Walter Bonto, titular del juzgado que está en manos como subrogante de Olga Pura de Arrabal, la magistrada que trascendió por su fallo a favor de la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Decisión avalada por los camaristas denunciados por complicidad en delitos de lesa humanidad y revertida por la Corte Suprema de la Nación. Tras la feria judicial se supone que Bonto reasumirá. Miret y Romano pretendieron deslegitimar las denuncias en su contra aduciendo que eran una persecución por su postura frente a la ley de medios. Horacio Verbitsky precisó en Página/12 el pasado 25 de abril que “los organismos de derechos humanos entregaron al Consejo de la Magistratura la denuncia el 22 de marzo y la Cámara de Mendoza recibió la apelación por la ley audiovisual una semana después”.

“Hubo jueces diligentes, no heroicos”, pero que con sus decisiones pudieron dar con un paradero y “poner coto a la dictadura”, señala el fiscal. Esa conducta no caracterizó a Miret, Guzzo y Romano. Por ejemplo, en el caso del secuestro del matrimonio Galamba que denunció, además, el robo de camas, roperos, heladera, lavarropa y ropa, el entonces fiscal Romano rechazó investigar el tema porque “se convertiría al tribunal en una oficina de informes de cosas perdidas”.

El caso de Luz Faingold, una adolescente de 17 años que fue detenida en el ’75 es uno de los que más compromete a Miret (ver aparte). El dictamen del fiscal precisa que “si bien el juez Miret no ordenó directamente la detención de la menor, habría sido anoticiado –probablemente de manera telefónica– el mismo día del resultado del allananamiento que él había ordenado. Es decir, desde un primer momento tomó conocimiento de que tenía privada de su libertad a una menor de edad, en un centro clandestino de detenidos junto a personas adultas perseguidas por causas políticas, a quien mantenía además incomunicada, no obstante lo cual, una vez anoticiado, dispuso la continuidad de esa detención preventiva ilegal y que se la mantuviera incomunicada negándole la entrega a la madre”. El entonces fiscal Romano estaba al tanto de la situación y ambos “una vez que tomaron conocimiento de las torturas y del abuso sexual del que fue víctima la menor por parte del personal policial, omitieron promover la persecución y represión de los delincuentes”.

La denuncia presentada por organismos de derechos humanos y sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionaba en el Departamento de Informaciones de la policía mendocina cuenta que Miret se jactaba de ser amigo personal del general Juan Pablo Saa, a cargo de la represión en Mendoza. “Miret y Romano fueron un engranaje del proceso represivo para facilitar la impunidad ajena y en algunas casos, propia”, sostienen. En un reportaje publicado por el diario mendocino El Sol, Miret se definió como “campeón del garantismo”, aclaró que no fue “juez del proceso sino juez de carrera que actuó durante el proceso” y explicó que todos los detenidos decían haber sido torturados “para desvirtuar la indagatoria policial” y abundó que los policías “estaban tentados de hacer cualquier apremio, como mínimo, un submarino, que no deja marcas, o colgarlos de las piernas por una noche y, entonces, al día siguiente, algunos cantan”. Esos apremios “podían ser o no ciertos”, agregó. El actual camarista dijo, en la misma nota, que cuando le advirtieron sobre la desaparición del profesor Mauricio López Miret pensó que “se había escondido”. En otros casos, directamente avaló actas postdatadas para blanquear el secuestro de jóvenes antes y después del último golpe militar.

Delitos
El fiscal Palermo sostiene que la tolerancia por parte de los magistrados y fiscales que actuaron durante la dictadura terminó erigiendo una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos. Llama la atención también sobre el silencio que siguieron manteniendo desde el retorno a la democracia.

Del estudio de los expedientes de la época surge que cada uno de los cientos de recursos de hábeas corpus a los que no se les dio curso permitió que los funcionarios tuvieran conocimiento de las detenciones sin orden de autoridad competente y, por lo tanto ilegales; de violaciones de domicilio, de apropiaciones de bienes, de secuestros, desapariciones y torturas.


A partir de la descripción de más de cien casos de secuestros, torturas y desapariciones –en Mendoza hay más de doscientos desaparecidos–, el fiscal Palermo pidió que se cite a declaración indagatoria a Miret por privación abusiva de la libertad, omisión de promover la investigación en 26 hechos, seis omisiones de investigar torturas, robo, prevaricato y omisiones de hacer cesar privaciones ilegales de la libertad. Al ex juez Gabriel Fernando Guzzo lo acusa por no promover la investigación ante 108 denuncias. Al ex fiscal y actual camarista Otilio Roque Romano, quien le dijo al diario La Nación que las acusaciones contra él y Miret habían sido impulsadas para presionarlos por la ley de medios, el fiscal le imputa no haber promovido las investigaciones en 97 detenciones y desapariciones, además de haber encubierto robos y evitar la continuidad de detenciones clandestinas.

Después de veintiséis años de democracia y cuando los procesos a los responsables directos y ejecutores de la represión ilegal avanzan en distintos puntos del país, el velo sobre la complicidad de los jueces empieza a correrse. En Mendoza, los magistrados encontraron hasta ahora los mecanismos para evitar que militares y miembros de fuerzas de seguridad esperen en prisión el comienzo de los juicios. La historia compartida con varios de los actuales camaristas explica la solidaridad y redobla el desafío para hacer justicia.