En un país donde parece que la política sólo fuera buscar la forma de hacer quedar mal al oponente, usted sabe muy bien que las chicanas y las malas intenciones a veces permiten que prevalezcan los intereses económicos de algunos sectores sobre los derechos de la mayoría.Por miopía mental, por mala intención de algunos o por arrogancia de otros, puede perderse la oportunidad de que se apruebe una buena ley de radiodifusión y, como consecuencia, que perdure una ley nefasta, creada para acallar las voces independientes y defender al tirano de turno.
Es que, desgraciadamente, la desinformación a la que nos someten los multimedios (con su publicidad sin límites, su mal gusto y sus figurones del espectáculo) pretende hacer olvidar cómo fue creado este proyecto de radiodifusión que acaba de presentar el Poder Ejecutivo ante el parlamento, y la importancia fundamental que tiene para fortalecer la vida democrática del país.
Múltiples proyectos fueron presentados en distintas oportunidades, por pedido de diversas asociaciones civiles desde 1983, y ningún parlamento se animó a aprobarlos (¿por no quedar mal con los multimedios?). Es más, si se le hicieron cambios a la ley de la dictadura fue para mejorar la situación de esos monopolios ¡a pedido de esos mismos monopolios!
¿No es hora de terminar con esta vergüenza? Usted sabe que sí es hora, por eso no viene mal recordar cómo surge el actual proyecto de ley de comunicaciones audiovisuales. Poco importan los motivos por los que el Poder Ejecutivo Nacional se basó en los “21 Puntos Básicos por el derecho a la Información” (http://www.sprensalibre.com.ar/index.php?id=1402 ) para armar la nueva ley. Lo que sí es importante es que esos 21 puntos fueron pensados y propuestos por iniciativa ciudadana después de 26 años de trabajo y dedicación.
Es que a esos puntos se llegó luego de debatir en una amplia gama de organizaciones sociales. Participaron, entre otras: el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), que representa a 50 radios de todo el país gestionadas por organizaciones sin fines de lucro; las universidades con carreras de radio y comunicación (como la UBA); también los gremios de trabajadores de la comunicación (tanto de la CGT como de CTA), entre otros: actores, locutores, periodistas, operadores: Y además, participaron de ese amplio consenso una serie de movimientos sociales y organismos de derechos humanos, entre otros.
Como se puede advertir entonces, ésta no es una propuesta de los políticos, y tampoco de los empresarios de la comunicación. Es una propuesta de la ciudadanía, pensada para que la propia ciudadanía esté mejor informada y, fundamentalmente, a tono con la lucha que en todo el mundo vienen librando las entidades sociales y las asociaciones de consumidores: evitar que las empresas monopólicas (los multimillonarios que cada vez más controlan lo que se dice y lo que se piensa en el mundo) impongan sus criterios mercantilistas sobre un derecho que tenemos todos los ciudadanos: el de poder expresarnos e informarnos de la forma más plural posible.
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