Una perlita del juez que ahora se ocupa del tema Banco Central20-03-2009 / Los jueces Ernesto Marinelli y Claudia Rodríguez Vidal son investigados por el Consejo de la Magistratura. Admitieron recursos de amparo que beneficiaron en cifras millonarias al polémico empresario Sergio Taselli. Las sospechas sobre la relación de los magistrados fuera del juzgado y su patrimonio.
Los dos jueces, investigados por el Consejo de la Magistratura Será justicia. O no. Así debería completarse en la actualidad aquel viejo principio rector que solía simbolizar la búsqueda de la equidad. Por estos días las acusaciones cruzadas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial advierten sobre las falencias de un sistema que permite que sólo 44 de los 1.253 acusados por delitos de lesa humanidad tengan condena efectiva. El mismo en el que conviven paladines del progresismo con representantes del peor conservadurismo. Y en el medio la gente. Con sus reclamos dispares que van desde el ruego por el aceleramiento de los procesos hasta la instauración urgente de la pena capital.
Sin embargo, el costado más oscuro de este modelo lo dibuja la dependencia económica del Poder Judicial y su consiguiente tráfico de influencias. Una práctica nefasta que siempre perjudica al más débil.
En junio de 2004, en simultáneo con el decreto 798 que resolvía rescindir el contrato de concesión firmado con la empresa Transportes Metropolitanos General San Martín S.A., los noticieros y programas de denuncias ocupaban su mayor cuota de pantalla en mostrar el cotidiano vía crucis que soportaban los usuarios del ferrocarril. Personas viajando en el techo, ventanas sin vidrios y una preocupante estadística de muertes sobre rieles. El Estado intervino y la empresa de Sergio Taselli, prestadora del deficiente servicio, debía aceptar sus culpas y dar por finalizada la explotación del destartalado ramal. Motivos sobraban: impuntualidad, severas deficiencias en las condiciones de seguridad, cumplimiento nulo en la adecuación de las estaciones para personas con movilidad reducida y un sinfín de fallas que espantarían al más temerario.
Sin embargo, aquello de que la justicia es ciega a veces no es chiste. Inesperadamente la titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 3, Claudia Susana Rodríguez Vidal, dio lugar al amparo presentado por Taselli y dictó una medida cautelar que ordenaba la suspensión de los efectos de ese decreto. Cartón lleno para el empresario, quien no sólo podía continuar usufructuando el ramal, sino también, y lo más importante para él, seguir cobrando los subsidios inherentes a la explotación.
El fallo, por demás curioso, impulsó una investigación en el Consejo de la Magistratura que vio en la actuación de la jueza una clara voluntad de “privilegiar el interés particular del concesionario sobre el interés público”. Finalmente, el 16 de septiembre de 2004 la Cámara Nacional de Apelaciones resolvió declarar la nulidad de todo lo obrado por Rodríguez Vidal y sortear un nuevo juzgado.
El 28 de abril de 2005 la causa recayó en el despacho del magistrado Sergio Fernández, quien inmediatamente rechazó la acción de amparo intentada. Casi sin diferencias en el tiempo, y por un extraño mecanismo de la casualidad o causalidad, tres pisos más arriba del juzgado de Rodríguez Vidal, su colega Ernesto Marinelli incurría en otra práctica inusual. El 21 de julio de 2004, en plena feria judicial, se presentó en su despacho el representante de la Asociación de Protección de Consumidores de Transportes Públicos, una organización destinada a la defensa de los usuarios, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del decreto que expropiaba de manos de Taselli el manejo de los trenes. Marinelli, que en ese momento se encontraba de turno, no sólo abrió las puertas de su despacho para atender el reclamo, además resolvió “decretar cautelarmente la suspensión de los efectos del decreto”.
Una vez más el titular del juzgado, Sergio Fernández, debió revocar todo lo actuado anteriormente. Sin embargo, en el caso de Marinelli lo hizo “por contrario imperio”, es decir, obrando por propia autoridad, una figura antipática del derecho que los jueces intentan no usar jamás para evitar polémicas entre sus colegas. Una prueba, por de más contundente, sobre el desempeño de Marinelli.
MAS QUE COLEGAS.
Analizar el desempeño de Vidal Rodríguez y Marinelli por separado sería pecar de cierta ingenuidad. El informe preliminar elaborado por el diputado Carlos Kunkel, también consejero de la Magistratura, da detalles sobre la relación entre ambos que superaría por varios cuerpos la que se da entre colegas.
Según el escrito, “llama poderosamente la atención que al mismo tiempo, desde dos juzgados cuyos titulares mantienen una íntima relación, ordenaran una medida tan grave y seria como la suspensión de los efectos de un acto administrativo del Poder Ejecutivo”. Si bien los datos de los legajos personales de cada uno no arrojan coincidencias por encontrarse desactualizados, ambos han coincidido en más de una oportunidad en el goce de licencias. En este sentido un hecho se destaca por sobre el resto.
El 16 de marzo de 2006 Marinelli debió ser hospitalizado. Al día siguiente Vidal Rodríguez ya gozaba de una licencia por “motivos personales” y fue ella misma la encargada de presentar ante el juzgado los certificados médicos del magistrado para acreditar su dolencia. Una simbiosis particular por donde se la mire. También coincidieron en el pedido de licencias los días 9 y 10 de noviembre de 2006 y el 29 y 30 de marzo de 2007. Todos indicios que, para el informe, develan “el grado de confianza existente entre los jueces investigados”.
PATRIMONIO.
Según los informes realizados por la Secretaría de Transporte de la Nación, “los montos abonados a las empresas integrantes del Grupo Taselli, prestadoras del servicio ferroviario (Transportes Metropolitanos Belgrano Sur, San Martín y Roca) en concepto de compensación de costos de explotación desde julio de 2004 hasta la fecha de rescisión del último de los contratos en el mes de mayo de 2007, asciende a doscientos millones seiscientos veintiocho mil pesos”. Una fortuna, inclusive para los bolsillos anchos del empresario, quien gracias a la actuación de ambos magistrados logró dilatar tres años la rescisión del oneroso contrato.
Por eso, en el Consejo de la Magistratura buscarán también investigar su patrimonio. Marinelli tiene varias propiedades y autos. Entre ellos, casas y departamentos en Villa Devoto y Belgrano. Rodríguez Vidal, por su parte, tiene un lujoso piso en unas exclusivas torres de Palermo y en La Boca, además de propiedades en el conurbano. Curiosamente, los magistrados comparten no sólo licencias y viajes al exterior. También el gusto por los coches: cada uno posee un Renault Laguna y un Volkswagen Golf.
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