En el número anterior se hablaba sobre Papel Prensa, la fábrica proveedora del papel con que se hacen los diarios y periódicos, y se explicaba que la mayor parte de sus acciones está en manos de dos grupos: Clarín y La Nación, mientras el resto pertenece al Estado nacional.Este monopolio, es claramente limitativo de la igualdad de oportunidades, ya que la provisión del papel y los precios son controlados por sus dueños que, para colmo, se resisten a transparentar los manejos internos de la empresa a sus propios socios (el Estado).
El conocimiento de esos manejos es imprescindible para saber si se incurre en prácticas monopólicas y se perjudica al resto de los diarios y periódicos del país, en beneficio de los socios mayoritarios.
El Estado, como socio de la empresa, y como representante de todos los ciudadanos (entre ellos quienes puedan sufrir esas prácticas prohibidas), está obligado a controlar. Pero claro, siempre existe algún lector que critica al semanario «Prensa Libre» porque está a favor del «control de la prensa por parte del Estado». Y que opina ingenuamente que en un país libre: «cualquiera puede poner una fábrica de papel y hacer competencia…» Como se sabe, cada cuál lee lo que quiere, y puede opinar lo que quiera, pero lo que ignora el señor es que no se les ocurrió un día a Clarín y La Nación construir una planta de fabricación de papel y la hicieron.
En realidad fue un largo proceso que arrancó en la década del ’60, con un impuesto del 10% a la importación del papel para crear un fondo para la planta. O sea, que todos los diarios del país, grandes y chicos, contribuyeron a la empresa (de la que hoy no son dueños), bajo el control del Estado, que no estaba manejado por un soviético, sino por un militar: Onganía.
El crecimiento del proyecto, tampoco se dio bajo un gobierno socialista, sino bajo la presidencia (de facto) del general Lanusse. La mayor parte de las acciones pasaron a manos del señor David Graiver (por acuerdos político-empresariales realizados en 1972) y la planta se termina, ya bajo otra dictadura: la de Videla. El costo total de la obra se acercaba a los 42 millones de dólares, según anunció el gobierno en 1977 (se decía que había superado ampliamente esa cifra), y las acciones, que estaban en poder de los herederos, pasaron, por «gentileza» de estos a manos del gobierno militar.
Según denunciaron los herederos (Lidia Papaleo era la esposa de David Graiver), fueron detenidos y torturados, como Edgardo Sajón, el jefe de prensa de Lanusse (todavía desaparecido) y Jacobo Timmerman (que había apoyado al golpe), luego liberado. El trasfondo de estos manejos, como se ve, difícilmente se pueda conocer en su totalidad, pero lo interesante es que en 1977 son convocados, por Videla, los dueños de Clarín, La Nación, La Razón (Peralta Ramos) y La Prensa, para ofrecerles las acciones de Graiver a 8 millones de dólares (buen precio, cuando ya se hablaba de un valor de más de 200) La Prensa (de Gainza Paz) se niega a participar por razones éticas y todo queda en manos de esos tres medios, que se convierten en dos, cuando Clarín compra La Razón.
¿Por qué se le entrega a bajo precio semejante poder a esos medios? Cada cual puede sacar sus conclusiones, pero acá sí que hubo participación del Estado y nadie se quejó.
Y para que quede claro: ningún gobierno democrático intervino nunca hasta hoy. Sólo existe una investigación oficial, la del fiscal Molinas en 1988, con un dictamen donde se acusa a todos los participantes, incluido el Estado, pero por esas cosas de la vida, después de algunos años, la causa prescribió.
Eso sí, a nadie se le ocurra hablar de estas cosas, porque cuando se critica a los paladines de la libre prensa o se intenta saber si pagan sus impuestos, se está atacando a la libertad de prensa que ellos defienden: sus intereses empresariales.
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