“Los medios pequeños son tan importantes como los grandes para que un pueblo llegue a sus propias conclusiones.”

Llegó a la Argentina Frank La Rue, relator para la libertad de expresión de la ONU. Elogió el proyecto de ley de comunicación audiovisual presentado por el oficialismo en base a propuestas de medios comunitarios. “Es lo más avanzado que he visto en el continente”, dijo el funcionario guatemalteco, nominado al premio Nobel.
Es inaceptable que aún se mantenga una ley de radiodifusión de la dictadura, dijo. Se reunió con la presidenta de la nación y con los legisladores que integran la Comisión de Comunicaciones de ambas cámaras del Congreso, entre otras entrevistas que realizará en estos días. Los multimedios, que se oponen con uñas y dientes a una ley que limite sus privilegios, trataron de que la importante visita pasara desapercibida, aunque significa un importante apoyo a la democratización de la información en nuestro país.

La Rue
Aunque su apellido es de origen francés, es el primer latinoamericano en ser elegido para ese cargo. Este activista de los derechos humanos estuvo exiliado 12 años por la represión en el gobierno de Lucas García. Compañero de lucha de Rigoberta Menchú -la Premio Nobel de Paz- y Comisionado de Paz en su país, durante el mandato de Óscar Berger, fue propuesto también para el mismo galardón.
Abogado y periodista, denunció el genocidio que se había producido en la tierra multicultural de los mayas: décadas de guerra antinsurgente habían dejado 45 mil desaparecidos. En esos años La Rue trabajó junto a Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz.
Su trabajo (lo ejerce desde hace un año) consiste en redactar un informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en el mundo. Recorre el mundo recibiendo denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión y hacer observaciones a los gobiernos.

Recibió críticas
“Yo he sido criticado por algunos países, absurdamente… Me dijeron que pusiera el acento en las limitaciones a la libertad de expresión. Y yo dije que mi prioridad es fortalecer el ejercicio del derecho a la libertad. Hay países donde los medios están absolutamente monopolizados, eso es inaceptable y hay que combatirlo. En segundo lugar, hay que generar mecanismos alternativos para que los sectores sociales que nunca han tenido acceso a la comunicación los tengan. A los propietarios de los medios les cuesta entender que la libertad de expresión implica pluralismo. Es uno de los principios doctrinales de los derechos humanos. La libertad de expresión implica pluralismo, y el pluralismo implica combatir los monopolios. Y me hubiera gustado que Clarín me diera el derecho a réplica”.

Concentración versus pluralismo
“A mayor comunicación y libertad de expresión, mayor democracia. A mayor concentración, menos pluralismo y diversidad, menos democracia. Hay que validar algunos criterios. Uno es el pluralismo y la diversidad, no permitir monopolios, otro es también la accesibilidad. Yo creo que todos los sectores tienen que tener acceso a expresar su opinión. Por eso le insisto a todo el mundo que la relatoría es sobre la libertad de opinión y expresión. Opinión no es sólo información. Opinión implica tener medios para expresarse. Hay que revisar nuestras concepciones. Los medios pequeños, comunitarios, pobres, son tan importantes como los grandes medios para que cualquier pueblo formule su propia opinión y llegue a sus propias conclusiones. Lo que esta relatoría ataca son los mecanismos de censura. Mecanismos de censura oficial, que no son aceptables en ninguna parte del mundo. Pero la relatoría va más allá. Su función no es sólo romper con los mecanismos de censura. También es promover el pluralismo temático e idiomático. Yo vengo de un país multicultural y multilingüe, donde queremos que los idiomas indígenas mayas también sean conocidos y tengan posibilidad de difundirse.”

Un 33 por ciento de medios para las organizaciones comunitarias
“Este proyecto de ley sigue los principios clásicos de la libertad de expresión y de las relatorías. Hay cuatro relatorías en el mundo. La de las Naciones Unidas, la de la OEA, la de Europa y la de Africa. Y las cuatro relatorías han coincidido históricamente en la necesidad de diferenciar los tres segmentos de comunicación comercial, comunitaria y pública estatal. Este proyecto de ley lo que está haciendo es traducir la doctrina de derechos humanos a una ley, a una guía. Y me parece muy bien. También me parece importante mencionar que las telecomunicaciones públicas, oficiales, deben ser independientes. Ese es parte del principio. Siempre hemos puesto como ejemplo a la BBC o Radio Nederlands, que son estatales, financiadas por el Estado y de la mejor calidad pero absolutamente independientes. Pero en lo que contribuye el proyecto de la presidenta Kirchner es en dividir en 33 por ciento cada segmento. Yo mismo nunca me he atrevido a dar recomendaciones tan específicas porque eso lo debe ver cada país. En nuestros países hay una sobresaturación de frecuencias, por corrupción y por mal manejo, y el espectro de radio y televisión están en desorden. Un historiador me decía que si revisáramos las grandes concesiones radiales o televisivas en América latina veríamos que todas estuvieron vinculadas a las dictaduras militares”.

La ley de Radiodifusión vigente
“La ley de Argentina viene de la dictadura, por eso me parece extraño que haya quienes digan “no, que las cosas se queden como están y dejemos esa ley”. Nunca ningún país con dignidad democrática puede permitir que leyes de la dictadura permanezcan. Es urgente cambiarlas en todo el continente pero especialmente en la Argentina. Además, se la está intentando cambiar de una forma democrática.”

Televisión por cable
“Un proyecto de ley tiene que legislar sobre todo lo que tenga que ver con comunicación de materiales audiovisuales. Le cuento la ironía de las ironías. En mi país, Guatemala, la televisión abierta, que cubre el 90 por ciento de la población, es un monopolio. Un monopolio extranjero. Sin embargo, la televisión por cable se volvió un medio comunitario. Todos los pequeños municipios del país, incluyendo los municipios indígenas, tienen un canal de cable local, municipal. La televisión por cable puede ser comunitaria, como cualquier otro medio. Por consiguiente, debe ser regulada. Lo que pasa es que siempre va a haber alguien que proteste, cuando los intereses económicos, especialmente monopólicos, son afectados. Pienso que ésta es la obligación de todo Estado”.

Estas declaraciones, que no exigen mayores comentarios, más allá de intereses particulares, señala nuevos rumbos en materia de comunicación. Por lo menos en lo que hace a la resistencia de las organizaciones sociales de todo el mundo a la monopolización de la información
Y no estaría de más recordar su recomendación:
“Convertir este proyecto en ley sería una muestra de la madurez política de Argentina por parte del Congreso. Nadie debe quedarse afuera de esta experiencia. Además, no entendería cuáles podrían ser las razones, en un país que goza desde hace veinte años de democracia, de querer mantener una ley de la dictadura.”
La Rue dijo: "El debate en la Argentina está marcando una posición a seguir", en alusión al proceso de foros regionales que organizó el COMFER. "Esto no quiere decir que la ley sea perfecta pero el proceso es novedoso", agregó luego.