Hace muchos años que se viene denunciando el despojo accionario a la familia Graiver por parte de las Fuerzas Armadas en complicidad con los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Ahora, la Cámara Federal resolvió que el expediente que lo investiga se tramite en los tribunales porteños.La Cámara Federal resolvió por sorteo designar al juez Julián Ercolini para hacerse cargo de la investigación contra Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre sobre presuntos delitos de lesa humanidad que habrían enmarcado el traspaso de la empresa Papel Prensa a los accionistas privados La Nación, Clarín y La Razón en 1976, en los inicios de la dictadura. Ya el juez porteño Daniel Rafecas había estimado que había delitos de lesa humanidad, por lo que el expediente pasó a La Plata donde se investigaban delitos similares. Pero, por una cuestión de procedimiento, la Sala Primera de la Cámara apartó a Rafecas, y ratificó la causa ante los tribunales federales de la Capital Federal.
Fue en territorio porteño donde, según las denuncias de los sobrevivientes, se produjeron los “aprietes” y las torturas para que los familiares de David Graiver traspasaran las acciones a esa sociedad entre los principales diarios privados y el Estado Nacional en manos de los dictadores. Fueron los camaristas Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero quienes resolvieron que la causa se investigue en los tribunales federales locales, pero con otro magistrado.
Ercolini (el juez ahora a cargo) es secretario de Cámara, menor de 50 años de edad, considerado independiente por sus pares y de bajo perfil. Según informa el diario Tiempo Argentino, a fines de abril pasado, los fiscales federales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro dictaminaron que “la presunta transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa SA, de la que eran propietarios algunos de los integrantes del denominado Grupo Graiver a las empresas La Nación, Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) y La Razón habría consistido en un conjunto de acciones pergeñadas y ejecutadas en su casi totalidad en la Ciudad de Buenos Aires, con la directa intervención de la junta militar en colusión con los civiles denunciados, en el marco de una persecución por motivos políticos, económicos y religiosos, desatada desde el aparato terrorista estatal”.
La causa se disparó por denuncia de otro juez, el titular del juzgado en lo Civil y Comercial número dos, Eduardo Malde. En una asamblea celebrada en Papel Prensa en mayo de 2010, un veedor judicial enviado por el juez escuchó los relatos sobre torturas por parte de la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo; de su ex testaferro Rafael Iannover, y del ex propietario del diario La Razón, José Pirillo. Formuló la denuncia y Rafecas realizó los primeros trámites hasta que se declaró incompetente y envió el expediente, con un puñado de fojas, a Coraza. Tiempo después fue Coraza el que se declaró incompetente y devolvió las actuaciones: para ese entonces, los fiscales ya habían acumulado unos 70 cuerpos de investigación.
Como se recordará, la idea de crear una fábrica de papel en la Argentina para substituir con el esencial insumo las exportaciones que se venían realizando, fue de un economista neo desarrollista: José Dagnino Pastore, quien lo anunció en 8 de agosto de 1969. Curiosamente, el funcionario pertenecía al gobierno de un dictador, Juan Carlos Onganía, y asumía en un intento de frenar las protestas que por entonces se sucedían sin cesar en todo el país, con el fin de darle al gobierno un tono más populista y nacionalista. Este plan, en principio contó con el rechazo de los principales medios reunidos en ADEPA.
Aunque con dificultades, el proyecto siguió adelante, con el aporte de fondos a partir de un impuesto a la importación de papel para diarios (el 10%) y un aporte del Banco Industrial de la República. El intento se continuó durante el posterior gobierno de Lanusse y otro ministro de economía más desarrollista, Aldo Ferrer, continuó el proceso desde 1970 hasta el 28 de mayo de 1971. Durante ese período hubo licitaciones y venta de acciones, con la finalidad de evitar monopolios. Propietarios de acciones, entre otros, fueron César Cívita y Editorial Abril, hasta que entra en juego David Graiver, quien se estima que había invertido en la futura fábrica de papel cerca de 15 millones de dólares.
Finalmente, en 1976, tras la muerte dudosa de Graiver, la dictadura de Videla “ofrece” la fábrica, y el control del insumo, a cuatro diarios: La Nación, La Prensa, La Razón y Clarín. La Prensa se niega a participar por razones éticas, y los otros tres “compran” muy baratas las acciones de los Graiver, entre otros, y pasan a controlar el papel, con el apoyo de la dictadura, lo que se mantiene hasta el día de hoy, en que Clarín duplica sus acciones, por la compra de una casi quebrada La Razón y aumenta su poderío, gracias a la denunciada restricción del papel a su rival de entonces, “Crónica”.
El resto de los diarios del país, que no pertenecen al grupo y a su aliado La Nación, siguen esperando una justicia que todavía tarda demasiado en hacerse presente.
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