La Justicia investiga a Mitre y a Magnetto por la causa de apropiación de Papel Prensa

Hace muchos años que se viene denunciando el despojo accionario a la familia Graiver por parte de las Fuerzas Armadas en complicidad con los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Ahora, la Cámara Federal resolvió que el expediente que lo investiga se tramite en los tribunales porteños.

La Cámara Federal resolvió por sorteo designar al juez Julián Ercolini para hacerse cargo de la investigación contra Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre sobre presuntos delitos de lesa humanidad que habrían enmarcado el traspaso de la empresa Papel Prensa a los accionistas privados La Nación, Clarín y La Razón en 1976, en los inicios de la dictadura. Ya el juez porteño Daniel Rafecas había estimado que había delitos de lesa humanidad, por lo que el expediente pasó a La Plata donde se investigaban delitos similares. Pero, por una cuestión de procedimiento, la Sala Primera de la Cámara apartó a Rafecas, y ratificó la causa ante los tribunales federales de la Capital Federal.

Fue en territorio porteño donde, según las denuncias de los sobrevivientes, se produjeron los “aprietes” y las torturas para que los familiares de David Graiver traspasaran las acciones a esa sociedad entre los principales diarios privados y el Estado Nacional en manos de los dictadores. Fueron los camaristas Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero quienes resolvieron que la causa se investigue en los tribunales federales locales, pero con otro magistrado.

Ercolini (el juez ahora a cargo) es secretario de Cámara, menor de 50 años de edad, considerado independiente por sus pares y de bajo perfil. Según informa el diario Tiempo Argentino, a fines de abril pasado, los fiscales federales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro dictaminaron que “la presunta transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa SA, de la que eran propietarios algunos de los integrantes del denominado Grupo Graiver a las empresas La Nación, Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) y La Razón habría consistido en un conjunto de acciones pergeñadas y ejecutadas en su casi totalidad en la Ciudad de Buenos Aires, con la directa intervención de la junta militar en colusión con los civiles denunciados, en el marco de una persecución por motivos políticos, económicos y religiosos, desatada desde el aparato terrorista estatal”.

La causa se disparó por denuncia de otro juez, el titular del juzgado en lo Civil y Comercial número dos, Eduardo Malde. En una asamblea celebrada en Papel Prensa en mayo de 2010, un veedor judicial enviado por el juez escuchó los relatos sobre torturas por parte de la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo; de su ex testaferro Rafael Iannover, y del ex propietario del diario La Razón, José Pirillo. Formuló la denuncia y Rafecas realizó los primeros trámites hasta que se declaró incompetente y envió el expediente, con un puñado de fojas, a Coraza. Tiempo después fue Coraza el que se declaró incompetente y devolvió las actuaciones: para ese entonces, los fiscales ya habían acumulado unos 70 cuerpos de investigación.

Como se recordará, la idea de crear una fábrica de papel en la Argentina para substituir con el esencial insumo las exportaciones que se venían realizando, fue de un economista neo desarrollista: José Dagnino Pastore, quien lo anunció en 8 de agosto de 1969. Curiosamente, el funcionario pertenecía al gobierno de un dictador, Juan Carlos Onganía, y asumía en un intento de frenar las protestas que por entonces se sucedían sin cesar en todo el país, con el fin de darle al gobierno un tono más populista y nacionalista. Este plan, en principio contó con el rechazo de los principales medios reunidos en ADEPA.

Aunque con dificultades, el proyecto siguió adelante, con el aporte de fondos a partir de un impuesto a la importación de papel para diarios (el 10%) y un aporte del Banco Industrial de la República. El intento se continuó durante el posterior gobierno de Lanusse y otro ministro de economía más desarrollista, Aldo Ferrer, continuó el proceso desde 1970 hasta el 28 de mayo de 1971. Durante ese período hubo licitaciones y venta de acciones, con la finalidad de evitar monopolios. Propietarios de acciones, entre otros, fueron César Cívita y Editorial Abril, hasta que entra en juego David Graiver, quien se estima que había invertido en la futura fábrica de papel cerca de 15 millones de dólares.

Finalmente, en 1976, tras la muerte dudosa de Graiver, la dictadura de Videla “ofrece” la fábrica, y el control del insumo, a cuatro diarios: La Nación, La Prensa, La Razón y Clarín. La Prensa se niega a participar por razones éticas, y los otros tres “compran” muy baratas las acciones de los Graiver, entre otros, y pasan a controlar el papel, con el apoyo de la dictadura, lo que se mantiene hasta el día de hoy, en que Clarín duplica sus acciones, por la compra de una casi quebrada La Razón y aumenta su poderío, gracias a la denunciada restricción del papel a su rival de entonces, “Crónica”.

El resto de los diarios del país, que no pertenecen al grupo y a su aliado La Nación, siguen esperando una justicia que todavía tarda demasiado en hacerse presente.

Sábat y un dibujo de mal gusto

No sé si se puede preguntar, como en otros casos: ¿qué le pasa a Sábat? Es un buen dibujante, un caricaturista sutil, pero nunca brilló por sus posturas políticas definidas; por el contrario, muchas veces sus dibujos supieron encontrar el interior del personaje, pero también eran lo suficientemente ambiguos como para que se interpretaran según el momento y el receptor.

Pero en este caso, algo tan obvio y tan agresivo no es propio de un artista, sino de un propagandista, un publicitario de productos comerciales, pero sobre todo, hay una llamativa irrespetuosidad, como si existiera el deseo de irritar, de provocar, de ser tan políticamente incorrecto, como la señora Cecilia Pando, antes que como un opositor crítico.

Por supuesto que Hebe de Bonafini puede ser criticada, pero compararla con un perro rabioso, resulta tan asqueroso como decir que Sábat es un fascista. Porque Hebe no sólo es el símbolo de la resistencia a una dictadura genocida, acá y en todo el mundo, sino es un ejemplo de la necesidad de actuar dentro de la ley y sin revanchismo. ¿Acaso ella o cualquiera de las madres o abuelas no fueron las que garantizaron que la Justicia pudiera tomar en sus manos la lucha contra el terrorismo de Estado?
¿Alguna vez alguien fue agredido por ellas? O han alentado siquiera una acción violenta contra los asesinos, torturadores y secuestradores de la dictadura…

Es más, si hoy muchos medios alientan o muestran sin comentarios cómo figuras representativas de la sociedad piden pena de muerte contra un ladrón o un simple delincuente, ¿cuánto pudieron haber pedido las madres por estos verdaderos asesinos seriales que hoy están siendo juzgados?
El caso Sábat es similar tal vez al de NIk, el talentoso creador de Gaturro, que desbarranca en una constante seguidilla de “humor político” que no brilla por la imaginación, sino que tiene mucho de ataque permanente de poca gracia y mucho odio, que también lo desmerece como artista.

Estamos de acuerdo en que tienen que ganarse la vida, pero como artistas talentosos deben guiarse por su propia libertad imaginativa, antes que por las necesidades de sus empleadores.
Tal vez tendrían que tener en cuenta la experiencia del dibujante Landrú, el mítico creador de la revista “Tía Vicenta”, que hizo público su arrepentimiento por haber atacado sin piedad al presidente Arturo Illia y contribuido así a que Onganía pudiera llevar adelante su golpe de Estado en la década del ’60.

Más de una vez se habla de la libertad creadora del artista en contraposición con la necesidad de comprometerse con la realidad. Tal vez no se trate de aislarse o de comprometerse, pero es seguro que la participación facciosa disminuye su poder de comunicación.

Tal vez Sábat debería ser más cuidadoso con su mirada; según el cristal con que se mire, la cara que sujeta la correa puede ser la de Magnetto y en el otro extremo, la cara de Hebe podría reemplazarse por la de algún dibujante. Entonces lo único real sería la correa con que el poder, cualquiera sea, sujeta a sus artistas partidarios.

Lidia Papaleo: “Me da pena que haya gente que siga apostando a la mentira…”

Julio César Saguier es el presidente del directorio del diario La Nación. En tal condición tiene varias demandas e investigaciones sobre temas impositivos y contables, pero ahora tiene una preocupación mayor: la supuesta obtención de acciones de Papel Prensa conseguidas con el apoyo y consentimiento del gobierno de facto de 1976. Y esos son crímenes de Lesa Humanidad, que no prescriben como cualquier otro delito; por esos crímenes, él y los directivos de los otros diarios acusados por haber obtenido la planta de papel para diarios, mediante la presión, la tortura y hasta el asesinato, pueden ir presos.

Lo extraño es cómo se defiende: el poder ejecutivo le pagó dos millones de dólares a Lidia Papaleo para que contara una historia mentirosa. Y afirma que ella misma se lo dijo. Por supuesto sin testigos. Por supuesto fue desmentido claramente por Papaleo.

Caramba, que la prensa “independiente” se preste a semejante acusación es algo serio. Aquellos que publicaron sus declaraciones deben estar muy seguros de lo que dice, porque de no ser así, sólo cabe pensar que son tan miserables, como cualquiera que acuse sin pruebas a una víctima de la dictadura más feroz que dominó a los argentinos.

Es cierto que La Nación apoyó de cabo a rabo a la sangrienta dictadura. Es verdad que no sólo callaron durante los años de plomo, sino que además hicieron prensa para engañar a sus lectores, como muchos grandes medios de la época; pero no asumir sus responsabilidades y atacar a ciegas y a locas sin presentar pruebas es casi una demostración de culpabilidad increíble. Es además una demostración cabal de no tener argumentos valederos para mostrar. Sólo chicanas jurídicas como las que presenta diariamente el Grupo Clarín para atrasar, nada más que atrasar, la aplicación de las leyes de la república.

¿Y éste era el periodismo de primer nivel de la Argentina?
¿Estos eran los que daban clase de objetividad y libertad?
¿Es posible que hayamos estado ciegos durante tanto tiempo?
¿Por qué algunos políticos siguen defendiendo a estos personajes como si fueran sus hijos?

¿No dan un poco de lástima?

Papel Prensa, empresarios despojados y políticos despistados

El accionar de Clarín y La Nación cuando se quedaron con Papel Prensa es similar a los más de 600 casos denunciados de apropiación de empresas, terrenos y valores de empresarios argentinos, durante la dictadura genocida de 1976-1983.

El caso paradigmático es el de los empresarios Miguel y Federico Gutheim, que fueron secuestrados el 5 de noviembre de 1976 y quedaron “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” porque Martínez de Hoz estaba negociando créditos con el gobierno de Hong Kong, y estos importadores y exportadores de algodón estorbaban en los negocios. Cinco meses de cautiverio hicieron que los Gutheim firmaran lo que pretendían los represores. Es por ese delito que hoy está detenido el ministro de economía de la dictadura. José Martínez de Hoz.

Tal vez sería muy sencillo volcar todas las responsabilidades de las acciones aberrantes cometidas durante el período 76-83 en sectores militares que actuaron más allá de la legalidad. Pero si se tienen en cuenta todos los golpes producidos en esos años en América, y la posterior implementación de políticas neoliberales que dejaron en la miseria por décadas a estos países, es claro que existió un plan, fundamentalmente económico, que necesitaba acallar las voces de protesta; en el medio, el afán desaforado de los grupos económicos, y la impunidad, permitieron que grupos civiles se quedaran con las propiedades y de los dineros de los empresarios que no estaban en su círculo privilegiado.

Y todo eso no podrían haberlo logrado si la prensa no hubiera acompañado, si los diarios hubieran denunciado los crímenes en vez de disimularlos, si los periodistas un hubieran llamado, a pedido, “enfrentamiento”, a lo que era un asesinato sin atenuantes. Por eso, parece cada vez más notorio que la guerrilla (tal vez de no existir la hubieron creado) fue una excelente excusa para lanzarse a tomarlo todo, con parte de la sociedad adormecida, cómplice o temerosa (elija el término que más le guste), que hoy intenta disimular su conciencia aceptando los reclamos de ‘olvido’, que por lo general provienen de los cómplices activos y verdaderos

No se trata ya de los robos de valores en las casas de las familias secuestradas, hasta de las propiedades, como quedó demostrado en varios juicios y condenas subsecuentes. También se produjo el robo de campos, empresas y valores de empresarios que, simplemente, cayeron bajo el interés, la avaricia e impunidad con que contaban algunos grupos económicos en combinación con el poder militar.

Esto también está demostrado en los más de 600 casos que ya han sido denunciados y algunos con causas avanzadas, aunque como bien se sabe, de lento caminar por la justicia, acaso temerosa de destapar viejas ollas donde aparecen nombres de encumbrados personajes que podrían, incluso, arrastrar en su caída a otros que hoy ocultan su pasado en esos años.
Tal como fue relatado, no ahora, sino durante largos años, sin que los medios concentrados le prestaran la menor atención, y sin que los periodistas investigadores “independientes” se dieran por enterados, estas maniobras turbias existieron, y algunas de las víctimas, con dolor y paciencia infinita siguen su difícil camino de tratar de lograr justicia por sus pérdidas y humillaciones, después de años de impunidad y de vergüenza.

Allí está Daniel Paskvan (foto), un prominente empresario, que perdió durante la dictadura sus fábricas de Roque Pérez y Lobos, y las acciones de otra empresa en Santa Fe. “Vino la policía y nos dijeron ‘estos son los nuevos dueños’. Nos despojan de todo, de la empresa avícola y la fábrica de alimentos balanceados de Roque Pérez y Lobos, de un depósito en Capital Federal y de varios vehículos. Parecía una película. Todo el personal con uniforme de combate rodeando la empresa en el medio del campo. En ese momento ningún escribano nos quiso hacer un acta en que figurara que teníamos la empresa tomada por el ejército”, recordó en una entrevista con el diario Tiempo Argentino.

O el caso de Carlos, Alejandro (foto) y Rodolfo Iaccarino empresarios lácteos que fueron secuestrados y torturados hasta que “decidieron” vender sus campos en Santiago del Estero y su avión privado con un valor de 120 millones de dólares. A cambio, la familia recibió tres documentos valuados en alrededor de 300 mil dólares y la escritura de una cancha de golf del Sierras Hotel de Alta Gracia, que actualmente se encuentra en manos del Alta Gracia Golf Club y que aún reclaman.

Los detalles de estos casos son tan siniestros, y tan similares a los de Lidia Papaleo y a los otros más de 600 en danza, y que hoy todavía producen escalofríos.
Los beneficiarios todavía están impunes y, seguramente, los importantes abogados, que los acompañan presentaron y presentarán todas las chicanas posibles que les permitan extender aún más los tiempos.

Muchos tendrán suerte porque los casos prescribirán. Lamentablemente para ellos, en el caso de Papel Prensa, si la justicia al fin comprueba que la apropiación es tan real como las torturas que sufrió Lidia Papaleo, que el apoyo de los genocidas fue a cambio de no publicar los asesinatos, los secuestros y los robos que se estaban produciendo, los dueños de esos medios “independientes” terminarán en la cárcel.

¿Qué harán entonces esos políticos que hoy los defienden como si fueran sus hijos?

¿Qué hará por ejemplo Carrió, con su verborragia apocalíptica? ¿Dónde meterá su amor por Magnetto, a quien quiere levantarle un monumento?

¿Cómo justificarán su apoyo a un grupo de medios de prensa monopólicos que callaron cuando otros denunciaban, que ocultaron cuando otros trataban de informar?

Hoy mismo, ¿con qué argumento pueden negar que si se hubieran opuesto de verdad al genocidio, como lo hicieron The Buenos Aires Herald, o La Arena de La Pampa, o hasta La Prensa mencionando alguna vez a los desaparecidos, la dictadura hubiera caído antes, los muertos hubieran sido menos y la sociedad no hubiera sufrido tanto?

Por eso da lástima en algunos casos, repugnancia en otros, esta defensa de la corporación mediática, sin sentido ni valor moral, que llevan adelante algunos políticos. Sólo por un interés partidista mezquino, para atacar a su supuesto enemigo se alían con el mayor sostén de la dictadura.

¿Por qué si son sinceros, con el mismo ardor no defienden a los empresarios robados o a la propia Lidia Papaleo?
¿Será verdad que con esa actitud están comprando una foto de tapa, una entrevista televisiva, un llamado de una radio bien temprano?

“Perdí mis pechos, mi abdomen y también mis genitales durante la tortura”

“Yo desaparecí y todo lo que pasó fue estando desaparecida. También firmé en La Plata estando desaparecida. Hice los careos con (Jacobo) Timerman y todo lo relacionado con La Opinión estando desaparecida, porque desde el Departamento de Policía me llevaban a declarar envuelta en una manta gris, porque estaba totalmente quemada, perdí mis pechos, mi abdomen y también mis genitales durante la tortura y me operaron en la cárcel de un tumor cerebral por los golpes que recibí.”

Este testimonio lo pudo realizar Lidia Papaleo de Graiver el 20 de mayo de 2010, 33 años después de ser despojada de las acciones de Papel Prensa que les pertenecían a ella y a su hija, María Sol. Fue frente a los miembros del directorio de Papel Prensa.

Lidia Papaleo estaba en México en 1976 cuando su marido muere en un accidente de aviación (todavía no totalmente esclarecido). Allí recibe las primeras amenazas para que venda las acciones de Papel Prensa de propiedad de su familia y entonces, en su ingenuidad, vuelve a la Argentina para aclarar su situación. Aquí, se entrevista con Agustín Lanusse quien le recomienda ir a ver directamente al dictador Videla.

Así comienza su calvario. Es secuestrada y obligada mediante torturas a firmar la venta.
“A mi me llevaron siempre a La Nación”, cuenta, y “ahí estaba el gordito Mitre de La Nación, Carlés, Magnetto”, entre otros.

También fueron secuestrados y torturados los suegros de Papaleo y otros miembros de la familia y sus apoderados. Años después todavía recibía amenazas y durante muchos años no pudo recuperarse de los trastornos físicos y psíquicos sufridos.

El “comprador” de las acciones fue “Fapel”, una empresa creada por Clarín, La Nación y La Razón, para realizar la operación, y luego vender “legalmente” las acciones a cada uno de los diarios.

Pero era tanto el desprecio por el otro y la avaricia, que no sólo las acciones fueron compradas muy debajo de su valor, sino que Lidia Papaleo sólo recibe 7.000 dólares y la promesa de otro tanto años después…

Estos testimonios fueron publicados por el diario “Tiempo Argentino” y “Miradas al Sur”, figuran en un libro (“Silencio por sangre”) publicado en julio de 2010 y escrito por los periodistas Daniel Cecchini y Jorge Mancinelli y, sin embargo, todavía no merecieron comentarios de los dueños de Clarín.

Todavía ninguno de los periodistas “independientes” que pontifican diariamente en las primeras páginas de los diarios y en los noticiosos televisivos han abierto la boca sobre estos hechos. Los valientes investigadores guardan silencio y hacen como los tres monitos que se tapan los ojos, la boca y los oídos.

Mientras tanto, Fort, Tinelli y el embajador Sadous son los temas que les preocupan, convencidos tal vez de que los sufrimientos de los Graiver y la alianza de los multimedios con la dictadura terrorista es sólo otro complot más de los Kirchner.

¿O será una simple excusa de mercenarios o cobardes?

Estos son los jueces que favorecen a Clarín y La Nación

La Justicia pone la lupa sobre la Justicia

Los camaristas Luis Francisco Miret y Otilio Romano, entre otros magistrados y ex fiscales mendocinos, son acusados por omitir denuncias, avalar detenciones ilegales y no investigar torturas durante la última dictadura militar. Son los mismos que frenaron la Ley de medios.

Por Nora Veiras (Página 12)

“El Poder Judicial federal de la provincia de Mendoza evidenció (durante la dictadura) una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron (...) Esta afirmación está basada en un hecho incontrovertible: pese a las innumerables denuncias de cientos de desapariciones y/o homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos sexuales (...) no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado por la comisión de esos delitos.” A lo largo de casi doscientas fojas, el fiscal general Omar Palermo detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a los actuales camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Luis Francisco Miret y al ex juez Gabriel Guzzo, entre otros, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. Calificaciones que tributan en delitos de lesa humanidad.

Miret y Romano ya fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por organismos de derechos humanos y el propio ministro de Justicia provincial (ver aparte). El pedido del fiscal Palermo, encargado de impulsar las causas por delitos de lesa humanidad, se nutre del testimonio de las víctimas entre 1975 y 1983. El rechazo de los recursos de hábeas corpus, la negativa a buscar a personas desaparecidas, a investigar las condiciones de quienes estaban detenidos y a indagar sobre las torturas estremecen a pesar de la asepsia de la jerga legal. La colaboración del aparato judicial con el terrorismo de Estado se está empezando a investigar en distintas provincias (ver aparte). En Mendoza ya provocó la renuncia de otro camarista, Carlos Martín Pereyra González, quien fue señalado por la Cámara de San Luis por haber presenciado sesiones de tortura.

Modus operandi
El pedido del fiscal Palermo se presentó ante el juez Walter Bonto, titular del juzgado que está en manos como subrogante de Olga Pura de Arrabal, la magistrada que trascendió por su fallo a favor de la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Decisión avalada por los camaristas denunciados por complicidad en delitos de lesa humanidad y revertida por la Corte Suprema de la Nación. Tras la feria judicial se supone que Bonto reasumirá. Miret y Romano pretendieron deslegitimar las denuncias en su contra aduciendo que eran una persecución por su postura frente a la ley de medios. Horacio Verbitsky precisó en Página/12 el pasado 25 de abril que “los organismos de derechos humanos entregaron al Consejo de la Magistratura la denuncia el 22 de marzo y la Cámara de Mendoza recibió la apelación por la ley audiovisual una semana después”.

“Hubo jueces diligentes, no heroicos”, pero que con sus decisiones pudieron dar con un paradero y “poner coto a la dictadura”, señala el fiscal. Esa conducta no caracterizó a Miret, Guzzo y Romano. Por ejemplo, en el caso del secuestro del matrimonio Galamba que denunció, además, el robo de camas, roperos, heladera, lavarropa y ropa, el entonces fiscal Romano rechazó investigar el tema porque “se convertiría al tribunal en una oficina de informes de cosas perdidas”.

El caso de Luz Faingold, una adolescente de 17 años que fue detenida en el ’75 es uno de los que más compromete a Miret (ver aparte). El dictamen del fiscal precisa que “si bien el juez Miret no ordenó directamente la detención de la menor, habría sido anoticiado –probablemente de manera telefónica– el mismo día del resultado del allananamiento que él había ordenado. Es decir, desde un primer momento tomó conocimiento de que tenía privada de su libertad a una menor de edad, en un centro clandestino de detenidos junto a personas adultas perseguidas por causas políticas, a quien mantenía además incomunicada, no obstante lo cual, una vez anoticiado, dispuso la continuidad de esa detención preventiva ilegal y que se la mantuviera incomunicada negándole la entrega a la madre”. El entonces fiscal Romano estaba al tanto de la situación y ambos “una vez que tomaron conocimiento de las torturas y del abuso sexual del que fue víctima la menor por parte del personal policial, omitieron promover la persecución y represión de los delincuentes”.

La denuncia presentada por organismos de derechos humanos y sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionaba en el Departamento de Informaciones de la policía mendocina cuenta que Miret se jactaba de ser amigo personal del general Juan Pablo Saa, a cargo de la represión en Mendoza. “Miret y Romano fueron un engranaje del proceso represivo para facilitar la impunidad ajena y en algunas casos, propia”, sostienen. En un reportaje publicado por el diario mendocino El Sol, Miret se definió como “campeón del garantismo”, aclaró que no fue “juez del proceso sino juez de carrera que actuó durante el proceso” y explicó que todos los detenidos decían haber sido torturados “para desvirtuar la indagatoria policial” y abundó que los policías “estaban tentados de hacer cualquier apremio, como mínimo, un submarino, que no deja marcas, o colgarlos de las piernas por una noche y, entonces, al día siguiente, algunos cantan”. Esos apremios “podían ser o no ciertos”, agregó. El actual camarista dijo, en la misma nota, que cuando le advirtieron sobre la desaparición del profesor Mauricio López Miret pensó que “se había escondido”. En otros casos, directamente avaló actas postdatadas para blanquear el secuestro de jóvenes antes y después del último golpe militar.

Delitos
El fiscal Palermo sostiene que la tolerancia por parte de los magistrados y fiscales que actuaron durante la dictadura terminó erigiendo una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos. Llama la atención también sobre el silencio que siguieron manteniendo desde el retorno a la democracia.

Del estudio de los expedientes de la época surge que cada uno de los cientos de recursos de hábeas corpus a los que no se les dio curso permitió que los funcionarios tuvieran conocimiento de las detenciones sin orden de autoridad competente y, por lo tanto ilegales; de violaciones de domicilio, de apropiaciones de bienes, de secuestros, desapariciones y torturas.

A partir de la descripción de más de cien casos de secuestros, torturas y desapariciones –en Mendoza hay más de doscientos desaparecidos–, el fiscal Palermo pidió que se cite a declaración indagatoria a Miret por privación abusiva de la libertad, omisión de promover la investigación en 26 hechos, seis omisiones de investigar torturas, robo, prevaricato y omisiones de hacer cesar privaciones ilegales de la libertad. Al ex juez Gabriel Fernando Guzzo lo acusa por no promover la investigación ante 108 denuncias. Al ex fiscal y actual camarista Otilio Roque Romano, quien le dijo al diario La Nación que las acusaciones contra él y Miret habían sido impulsadas para presionarlos por la ley de medios, el fiscal le imputa no haber promovido las investigaciones en 97 detenciones y desapariciones, además de haber encubierto robos y evitar la continuidad de detenciones clandestinas.

Después de veintiséis años de democracia y cuando los procesos a los responsables directos y ejecutores de la represión ilegal avanzan en distintos puntos del país, el velo sobre la complicidad de los jueces empieza a correrse. En Mendoza, los magistrados encontraron hasta ahora los mecanismos para evitar que militares y miembros de fuerzas de seguridad esperen en prisión el comienzo de los juicios. La historia compartida con varios de los actuales camaristas explica la solidaridad y redobla el desafío para hacer justicia.

Una historia siniestra

¿Cómo obtuvieron Clarín y La Nación el monopolio del papel de diario en la Argentina? Y los hijos adoptivos de la Viuda: otra historia de terror. Aquí un resumen de lo declarado por dos protagonistas esta semana. ¿Y la respuesta de los monopolios? ¿Ya estarán querellando a los declarantes por mentirosos?

“Firmá o te mato”:

La viuda de Graiver contó cómo Clarín y La Nación se apropiaron de Papel Prensa. Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, relató en una asamblea de accionistas de Papel Prensa S.A. los tormentos físicos y psíquicos a los que fue sometida, mientras estuvo secuestrada, para que traspasara a La Nación, Clarín y La Razón las acciones de la empresa que había pertenecido a su marido. Dijo que Ramón Camps y Miguel Etchecolatz asistieron a las sesiones de tortura y que sus secuestradores la llevaron en reiteradas ocasiones al edificio del diario La Nación para que se entrevistara con el entonces director de ese matutino, Bartolomé Mitre, y el actual CEO de Clarín, Héctor Magnetto. El testimonio de Lidia Papaleo compromete a estos dos y a otros directivos de ambos medios como partícipes de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado.

(En la foto: Mitre y Magnetto)

José Pirillo, ex propietario del diario La Razón, expuso el jueves pasado ante accionistas del directorio de Papel Prensa, convocado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Sin medias tintas, reveló las diversas maniobras irregulares realizadas en beneficio propio por los accionistas mayoritarios, Clarín, La Nación y La Razón. En su testimonio, también se refirió al acuerdo entre los tres diarios para no publicar nada contra la dictadura militar y a la intervención de Héctor Magnetto ante Jorge Videla, para facilitarle la “obtención de dos niños” a Ernestina Herrera de Noble.

José Pirillo: –La primera vez que vine a Papel Prensa fue el 3 de abril de 1985. Compré las acciones de La Razón el 29 de marzo de 1985. Fui informado por Patricio Peralta Ramos de los mecanismos que se habían utilizado para la supuesta compra de acciones. Le manifesté que yo no encontraba en la contabilidad de La Razón los aportes efectuados por este diario. Me contestó que no los iba a encontrar porque realmente no se habían hecho, sino que los aportes que debían hacer los tres diarios a Papel Prensa se habían efectuado vía retornos que pagaban las empresas constructoras de la planta de Papel Prensa. Dentro de los acuerdos previos que existían, me dijeron que uno era que los tres diarios no iban a publicar nada que atentase contra la Junta Militar. Fue en ese momento que le manifesté al señor (Héctor) Magnetto que yo le reconocía el carácter de gerente general, pero que existía un convenio de sindicación de acciones de los dueños de los tres medios y que, por consiguiente, le solicitaba la presencia o quería hablar con la señora Ernestina de Noble. Magnetto montó en cólera por mi postura y me dijo que él tenía suficiente poder como para representar a la señora de Noble porque era el albacea de los hijos de la señora de Noble y además él se los había gestionado ante Videla.

Guillermo Moreno: –Eso no quedó claro. ¿Qué?

Pirillo: –Que le había gestionado ante el general Videla la obtención de dos chicos, que no sé si son Marcela y Felipe, pero era lo que expuso en su momento. Los otros enfrentamientos que tuvimos en mi transcurso acá en Papel Prensa fue justamente por la apropiación que estaban haciendo los tres diarios en forma ilegal de los bienes de la empresa vía manipular el precio de venta a los tres diarios. Cuando se informa que se le vendía papel a 100 diarios, les quiero aclarar que la cantidad era irrisoria porque sumaban 350 toneladas mensuales, de casi 13.000 que se producían, de las cuales 8.500 se llevaba Clarín, 2.500 se llevaba La Nación, apenas 1.000 La Razón y el resto –unas 300 toneladas–, se les daba a ese número de diarios. Al ver lo exiguo de la cantidad, me pareció que era una burla en la memoria del balance decir que se proveía de papel de diario a 90 diarios del país. Tenían que haber puesto que eran dos o tres toneladas cada uno, porque ni Ámbito Financiero ni Crónica ni otros diarios recibían, salvo La Prensa, que recibía papel de la firma al mismo valor.

La diferencia de precio que había en ese momento, nosotros pagábamos el papel a 320 pesos la tonelada. A raíz de una consulta que me hacen desde el gobierno de (Raúl) Alfonsín sobre cómo se resolvía este problema, le dije que era muy sencillo: era elevar el papel de Papel Prensa al mismo nivel que tenía Papel de Tucumán, con lo cual todos los medios iban a tener igualdad de precio. Así lo hizo García Vázquez. Concurrió a la Secretaría de Comercio, logró la resolución de 590 pesos la tonelada, o sea 30 pesos más barato que lo que era Papel de Tucumán; vino acá al directorio e impuso un precio arbitrario de 420 pesos, no 590, con lo cual Clarín, con el valor de 3,20 pesos tenía un diferencial mensual de 2.400.000 dólares porque era el mayor cliente que retiraba papel a ese precio.

Mis discusiones con Magnetto vinieron justamente por ese tema. Yo sostenía que como cada diario tenía, y de acuerdo al convenio de sindicación, el 33% del poder, le correspondía el 33%de la producción de papel, y después que decidiera cada diario qué hacer con ese papel, si vendérselo a uno de los sindicados o venderlo libremente en el mercado. Pero lo cierto era que Clarín se llevaba más de 8.500 toneladas de papel.

Ésa es la síntesis de lo que pasó en Papel Prensa. Yo fui despojado de mi diario por una maniobra que se hizo, porque en mayo del año 1987, después de haber hecho la ruptura de la affectio societatis con las dos empresas sindicadas acá en Papel Prensa y con el Estado Nacional, decidí publicar la historia de la familia Graiver, toda la historia que me habían contado de la entrega de los hijos de la señora Ernestina de Noble. El resultado fue que el 27 de abril de 1987 fui desapoderado del diario por un juez, que posteriormente vendió las acciones de Papel Prensa, cosa que no podía hacer. Le vendió a Clarín y La Nación, en un precio vil de 6 millones de dólares por el 13% del paquete accionario. Yo invitaría a que se fijen en qué monto contabilizaron los dos diarios la compra de ese 13%, y van a ver que hay una diferencia de más de 450%.

Extractado del diario Miradas al Sur del domingo 23 de mayo de 2010.

Un dibujo con imaginación vale más que una respuesta política