Cómo se libra la batalla cultural

Cómo se libra la batalla cultural
Publicado el 23 de Agosto de 2011
Por Sandra Castillo Especialista en Comunicación Política.

Un interesante artículo para analizar y discutir

Entre 2003 y 2010, el gobierno kirchnerista fue constituyendo una dimensión constante de la acción política del Estado, subvirtiendo y complicando las operaciones de las ideologías discursivas del poder establecido.
La mediocracia es un sistema mediante el cual los medios como actores sociales, políticos y económicos establecen sus propias tácticas y estrategias para imponer la hegemonía de sus representaciones al poder político, a través de la ciudadanía-consumidora. Simplificando, podría decirse que los medios son empresas que “venden” ideología e inclusive venden a sus “públicos” a otras empresas, por tanto, la imagen del mundo que representan refleja la perspectiva de determinados intereses que debe ser funcional a “compradores”, “vendedores” e inclusive al “producto” mismo.

La democracia es un sistema de relaciones y propiedades en constante ebullición en la que todo está determinándose identitariamente de manera continua. Es conflicto permanente, opacidades, construcción y deconstrucción de espacios hegemónicos. La política, los políticos, codifican y decodifican; los medios también. Ambos se enfrentan en el campo de batalla por la hegemonía y la construcción de las representaciones sociales. Estas comprenden la reestructuración de imaginarios y universos de sentido; permiten establecer una reorganización de sentidos en la que ciertas cuestiones se reivindican mientras otras se satanizan; unos temas se exaltan para que otros se expulsen de los discursos del “sentido común”. Estamos ante dos polos de poder que se enfrentan por la hegemonía política, cultural y económica para establecerse como centralidad. La comunicación a través de su centralidad mediática funda un orden complejo en el que se articulan valores, ideologías e intereses ante los que las democracias modernas se encuentran desprotegidas. Los modos en que las representaciones de los medios se vinculan con la sociedad y sus transformaciones culturales implantan a la comunicación como protagonista ineludible y de vital trascendencia. Los ciudadanos-consumidores utilizan las representaciones mediáticas de los fenómenos sociales como recursos para orientarse, para comprender, para alinearse en las propias interacciones cotidianas. Estas operaciones complejas sostienen un andamiaje cuya capacidad para dominar el mercado de las ideas ha permitido inducir a la conformidad con respecto a la doctrina establecida reflejando las perspectivas y los intereses del poder económico dominante. La gran mayoría de la población se informa de las cuestiones públicas a través de los medios. En la televisión y la radio los mensajes más complejos se decodifican de manera más lineal. La incidencia en estos ámbitos por su rol central y por su predominio en la distribución de agenda mediática es fundamental, porque mediante este aparato de control social se ejerce una incidencia en la dinámica entre el político y el ciudadano interviniendo con la producción social de sentido que brindan sus representaciones de la realidad a favor de intereses económico-empresariales que permanecen en opacidad para los ciudadanos-consumidores. ¿Por qué no funcionó entonces en las PASO la influencia de los medios masivos de comunicación?

Sin duda las razones del amplio triunfo del kirchnerismo no está ligado al pensamiento de Biolcati que configura a los 10 millones de votantes de CFK como “distraídos tinellizados poseedores de plasmas comprados en cuotas”, pero tampoco podemos creer apresuradamente que son la expresión contundente de un cambio cultural.Es posible que lo más interesante del voto haya expresado cuestiones emergentes sobre el par antagónico democracia-mediocracia. Entre 2003 y 2010 el gobierno kirchnerista fue constituyendo una dimensión constante de la acción política del Estado, subvirtiendo y complicando las operaciones de las ideologías discursivas del poder establecido. Inclusive en los momentos más aciagos se optó por avanzar en esa dinámica a costa de duras derrotas simbólicas y aun electorales. Esta opción empecinada ha logrado que los sectores del campo –a modo de ejemplo– le brinden su voto al gobierno contra el que hace escasos días seguían protestando.

Antes, entonces, que las razones de orden económico, se encuentran las razones de orden político que dieron paso a distintas medidas audaces e inesperadas que fueron beneficiando a cada uno de los sectores sociales. También a aquellos que descreen de la intervención del Estado y que pueden haber votado al gobierno a disgusto. Por otra parte ni los medios de comunicación masiva ni mucho menos los candidatos de la oposición construyeron el discurso adecuado al cambio que representa el kirchnerismo. Todos ellos quedaron atados a un esquema discursivo anacrónico, despiadado y falto de matices. La repetición constante de los problemas de seguridad provocó hartazgo, e incluso, en casos resonantes, los hizo caer en errores groseros que la realidad no verificó; la agresividad los emparentó con los discursos que ellos mismos señalaban como autoritarios; la negación constante y aun más el ocultamiento de las medidas gubernamentales provocó una fisura entre el aparato comunicacional y la vida cotidiana; el lenguaje marketinero instalado en candidatos sin práctica los vació de contenido y de sentido; los temas económicos o los proyectos en mora se contrastaron con las realidades internacionales y quedaron neutralizados. En síntesis les falló la comunicación.Ahora, a dos meses de la elección real, los candidatos, medios opositores y también algunos consultores aparecen como un boxeador aturdido que tira golpes débiles e imprecisos, sin aire para seguir; mientras tanto el gobierno persevera en su estilo con el acierto de no haber sobreactuado su ventaja.

Sin embargo, la capacidad de expresión, circulación y transmisión de los dispositivos de la mediocracia conservan un poder de fuego al que recurrirán para rehacerse de esta derrota. No están en retirada, es apenas un repliegue para tomar fuerza y volver a dar batalla. En unos días reaparecerán a crear sentido, a instalar en la sociedad temas, categorías y elementos, instituyéndose como la plaza pública en la que mediada por su discurso, lo real está identificado con lo representado. Volverán a seleccionar, discriminar, ordenar, hacer inteligible la información en el marco de sus intereses desde la lógica mediante la cual las representaciones mediáticas que hacen de la realidad son la realidad misma.

Es cierto, como dice Cynthia Ottaviano, que el Estado debe hacer cumplir los límites creados y que la sociedad debe acompañar esta acción. Pero sin la Ley de Medios en vigencia plena, quienes hacemos la comunicación somos actores principales de este momento histórico y tenemos la obligación de seguir deconstruyendo los discursos cotidianamente y de iniciar un debate profundo sobre el sentido de nuestra profesión

Impedir: la consigna de Clarín

Impedir la aplicación de las leyes parece ser la consigna del Grupo Clarín. Las leyes aprobadas por el congreso nacional ponen trabas al crecimiento del grupo monopólico. Su defensa es retrasar todo lo posible su aplicación.

No es, claro, una actitud simpática, pero parece ser la única que le queda para tratar de mantener su posición dominante en la sociedad argentina.

Hasta hace poco el Grupo tenía dominio absoluto (junto a su colega La Nación y la permisividad del Estado) sobre el papel para diarios que se fabrica en la Argentina. Eso se debió al acuerdo alcanzado con la dictadura militar en 1976. Como consecuencia de ello, Clarín pudo hundir a su competidor directo (Crónica), retaceándole el papel o vendiéndoselo más caro, y como consecuencia logró ponerse a la cabeza de los medios e impedir que cualquier otro pudiera hacerle sombra.

Hoy, alcanzado por las denuncias del resto de los medios y por presentaciones judiciales realizadas por el propio Estado nacional, intenta hacer valer su poder de lobby presionando a diputados y senadores para evitar las investigaciones en marcha en el congreso, y censura en sus medios y en los de sus aliados, las noticias que no favorecen a sus intereses.

Por otra parte, el Estado está obligado a tomar medidas para recuperar su papel como socio de Papel Prensa, ya que tiene el 27 por ciento de las acciones y una responsabilidad indelegable en la defensa de los intereses de los ciudadanos, y ante los que debe rendir cuenta.

Conviene recordar que Clarín también posee una posición dominante en la televisión argentina. Más hoy, cuando es casi imposible acceder a la televisión abierta sin cable. Porque el Grupo no sólo es dueño de un canal abierto (el 13), sino también de varios canales de cable, de noticias y entretenimientos, y no sólo eso, es el dueño absoluto de la trasmisión de la TV por cable, y decide, por ejemplo, que algunos canales no se vean (caso CN23 y Telesur entre otros) y que ellos determinen cuáles son los mejores lugares para que sus mensajes tengan mayor impacto.

El caso Fibertel es otro de los dominios absolutos que tiene el Grupo. A través de su posición en el cable, por la misma línea envía Internet, y lo cobra, y caro, y es monopólica para amplias zonas del país. Claro que Fibertel no existe, y no puede hacer lo que hace. Como cualquiera que realiza una actividad ilícita; pero Clarín la mantiene a fuerza de poder. O sea, el poder absoluto, el poder verdadero; también allí es más poderoso que las leyes. Eso sí, a usted no se le ocurra poner un quiosquito en el barrio porque si lo descubren se lo cierran y no hay juez que le haga caso.

Y encima están los hijos de dudoso origen adoptados por la dueña del Grupo. Ya hace años que se dice que no es legal esa adopción, que son hijos de desaparecidos, que existe un delito de Lesa Humanidad en el medio (como ocurre con Papel Prensa), pero no, el poder de Clarín (aunque la miseria moral de algunos periodistas les haga decir otra cosa), es el más fuerte. Ya hicieron echar a un Juez en 1995 (Marquevich) que se animó a encarcelar a la ex bailarina Ernestina Herrera. Y desde entonces, con artimañas jurídicas lograron lo que para cualquier otro sería imposible: que hasta hoy no se pueda obtener una muestra de ADN. Con ayuda de abogados, policías y jueces, lo lograron (pasaron casi 30 años de pelea y ¿sabe cuánto tardarían en sacarle sangre a usted (aunque no quiera) en caso de participar de un posible hecho delictual o un simple accidente?

Los poderosos tienen privilegios, es verdad.
El principal es impedir que las leyes se cumplan para ellos, el segundo es diferenciarse del resto de los mortales.

Mire, si no, cómo el asesino material de Cabezas (que fue un crimen bestial cometido por un supuesto encargo de Yabrán –que se suicidó por eso-, bajo la gobernación de Duhalde), está preso en su casa ¡Sí! Aunque no lo crea o se haya olvidado, ese criminal era el último preso de la banda. Todos están libres de alguna manera y, tal vez, listos para cometer otros encargos de poderosos personajes. Y esos poderosos los amparan, son leales con sus secuaces.

Allí está, por estos días, la poderosa Bunge que cometió la mayor evasión en el impuesto a la Ganancias de la historia. Usted tiene que pagar sus impuestos, pero ¿los poderosos? ¿ y los jueces? (que tampoco pagan Ganancias): bien gracias; ¿y los legisladores? listos para saltar por Clarín: bien gracias. Los proyectos duermen y los poderosos siguen en pie, libres de actuar como quieran… ¿Usted puede creer que un pedófilo con dos condenas firmes esté libre y aparezca por televisión como una estrella?

Todo eso es sólo una muestra de dónde está el poder. Sí, acertó, en los grupos económicos, que tienen tierras, bancos, grandes empresas monopólicas y grandes medios; y cuando el Estado (que nos debe representar a todos) intenta frenar ese poder, aparecen sus esbirros gritando: ¡Comunistas, totalitarios, drogadictos, populistas), para que los poderes se arrodillen y no se animen a tomar ninguna medida que pueda, aunque más no sea, atenuar sus privilegios.

Estos son los jueces que favorecen a Clarín y La Nación

La Justicia pone la lupa sobre la Justicia

Los camaristas Luis Francisco Miret y Otilio Romano, entre otros magistrados y ex fiscales mendocinos, son acusados por omitir denuncias, avalar detenciones ilegales y no investigar torturas durante la última dictadura militar. Son los mismos que frenaron la Ley de medios.

Por Nora Veiras (Página 12)

“El Poder Judicial federal de la provincia de Mendoza evidenció (durante la dictadura) una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron (...) Esta afirmación está basada en un hecho incontrovertible: pese a las innumerables denuncias de cientos de desapariciones y/o homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos sexuales (...) no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado por la comisión de esos delitos.” A lo largo de casi doscientas fojas, el fiscal general Omar Palermo detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a los actuales camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Luis Francisco Miret y al ex juez Gabriel Guzzo, entre otros, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. Calificaciones que tributan en delitos de lesa humanidad.

Miret y Romano ya fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por organismos de derechos humanos y el propio ministro de Justicia provincial (ver aparte). El pedido del fiscal Palermo, encargado de impulsar las causas por delitos de lesa humanidad, se nutre del testimonio de las víctimas entre 1975 y 1983. El rechazo de los recursos de hábeas corpus, la negativa a buscar a personas desaparecidas, a investigar las condiciones de quienes estaban detenidos y a indagar sobre las torturas estremecen a pesar de la asepsia de la jerga legal. La colaboración del aparato judicial con el terrorismo de Estado se está empezando a investigar en distintas provincias (ver aparte). En Mendoza ya provocó la renuncia de otro camarista, Carlos Martín Pereyra González, quien fue señalado por la Cámara de San Luis por haber presenciado sesiones de tortura.

Modus operandi
El pedido del fiscal Palermo se presentó ante el juez Walter Bonto, titular del juzgado que está en manos como subrogante de Olga Pura de Arrabal, la magistrada que trascendió por su fallo a favor de la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Decisión avalada por los camaristas denunciados por complicidad en delitos de lesa humanidad y revertida por la Corte Suprema de la Nación. Tras la feria judicial se supone que Bonto reasumirá. Miret y Romano pretendieron deslegitimar las denuncias en su contra aduciendo que eran una persecución por su postura frente a la ley de medios. Horacio Verbitsky precisó en Página/12 el pasado 25 de abril que “los organismos de derechos humanos entregaron al Consejo de la Magistratura la denuncia el 22 de marzo y la Cámara de Mendoza recibió la apelación por la ley audiovisual una semana después”.

“Hubo jueces diligentes, no heroicos”, pero que con sus decisiones pudieron dar con un paradero y “poner coto a la dictadura”, señala el fiscal. Esa conducta no caracterizó a Miret, Guzzo y Romano. Por ejemplo, en el caso del secuestro del matrimonio Galamba que denunció, además, el robo de camas, roperos, heladera, lavarropa y ropa, el entonces fiscal Romano rechazó investigar el tema porque “se convertiría al tribunal en una oficina de informes de cosas perdidas”.

El caso de Luz Faingold, una adolescente de 17 años que fue detenida en el ’75 es uno de los que más compromete a Miret (ver aparte). El dictamen del fiscal precisa que “si bien el juez Miret no ordenó directamente la detención de la menor, habría sido anoticiado –probablemente de manera telefónica– el mismo día del resultado del allananamiento que él había ordenado. Es decir, desde un primer momento tomó conocimiento de que tenía privada de su libertad a una menor de edad, en un centro clandestino de detenidos junto a personas adultas perseguidas por causas políticas, a quien mantenía además incomunicada, no obstante lo cual, una vez anoticiado, dispuso la continuidad de esa detención preventiva ilegal y que se la mantuviera incomunicada negándole la entrega a la madre”. El entonces fiscal Romano estaba al tanto de la situación y ambos “una vez que tomaron conocimiento de las torturas y del abuso sexual del que fue víctima la menor por parte del personal policial, omitieron promover la persecución y represión de los delincuentes”.

La denuncia presentada por organismos de derechos humanos y sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionaba en el Departamento de Informaciones de la policía mendocina cuenta que Miret se jactaba de ser amigo personal del general Juan Pablo Saa, a cargo de la represión en Mendoza. “Miret y Romano fueron un engranaje del proceso represivo para facilitar la impunidad ajena y en algunas casos, propia”, sostienen. En un reportaje publicado por el diario mendocino El Sol, Miret se definió como “campeón del garantismo”, aclaró que no fue “juez del proceso sino juez de carrera que actuó durante el proceso” y explicó que todos los detenidos decían haber sido torturados “para desvirtuar la indagatoria policial” y abundó que los policías “estaban tentados de hacer cualquier apremio, como mínimo, un submarino, que no deja marcas, o colgarlos de las piernas por una noche y, entonces, al día siguiente, algunos cantan”. Esos apremios “podían ser o no ciertos”, agregó. El actual camarista dijo, en la misma nota, que cuando le advirtieron sobre la desaparición del profesor Mauricio López Miret pensó que “se había escondido”. En otros casos, directamente avaló actas postdatadas para blanquear el secuestro de jóvenes antes y después del último golpe militar.

Delitos
El fiscal Palermo sostiene que la tolerancia por parte de los magistrados y fiscales que actuaron durante la dictadura terminó erigiendo una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos. Llama la atención también sobre el silencio que siguieron manteniendo desde el retorno a la democracia.

Del estudio de los expedientes de la época surge que cada uno de los cientos de recursos de hábeas corpus a los que no se les dio curso permitió que los funcionarios tuvieran conocimiento de las detenciones sin orden de autoridad competente y, por lo tanto ilegales; de violaciones de domicilio, de apropiaciones de bienes, de secuestros, desapariciones y torturas.

A partir de la descripción de más de cien casos de secuestros, torturas y desapariciones –en Mendoza hay más de doscientos desaparecidos–, el fiscal Palermo pidió que se cite a declaración indagatoria a Miret por privación abusiva de la libertad, omisión de promover la investigación en 26 hechos, seis omisiones de investigar torturas, robo, prevaricato y omisiones de hacer cesar privaciones ilegales de la libertad. Al ex juez Gabriel Fernando Guzzo lo acusa por no promover la investigación ante 108 denuncias. Al ex fiscal y actual camarista Otilio Roque Romano, quien le dijo al diario La Nación que las acusaciones contra él y Miret habían sido impulsadas para presionarlos por la ley de medios, el fiscal le imputa no haber promovido las investigaciones en 97 detenciones y desapariciones, además de haber encubierto robos y evitar la continuidad de detenciones clandestinas.

Después de veintiséis años de democracia y cuando los procesos a los responsables directos y ejecutores de la represión ilegal avanzan en distintos puntos del país, el velo sobre la complicidad de los jueces empieza a correrse. En Mendoza, los magistrados encontraron hasta ahora los mecanismos para evitar que militares y miembros de fuerzas de seguridad esperen en prisión el comienzo de los juicios. La historia compartida con varios de los actuales camaristas explica la solidaridad y redobla el desafío para hacer justicia.

Respaldo de la Justicia a la Ley de medios

Los siete jueces de la Corte Suprema respaldaron la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y criticaron fuertemente a los diputados que intentan con chicanas judiciales impedir su aplicación.

Incontrastable revés para los monopolios de la comunicación.La Corte Suprema de Justicia sostuvo, con los votos de sus siete miembros, que "los jueces no pueden suspender leyes de modo general" y que "un diputado no tiene legitimación para reeditar en el poder judicial un debate que perdió en el parlamento". De esta forma dispuso que entre en vigencia la Ley de Medios, aprobada por amplia mayoría del Congreso y trabada por jueces mendocinos. Por unanimidad, los jueces supremos acompañaron el dictamen del procurador Esteban Righi, al considerar que un diputado no tiene legitimación para hacer revisar en sede judicial una votación que perdió en el Congreso.

Aun falta que lleguen al Máximo Tribunal las medidas cautelares promovidas por particulares (Clarín) que objetan artículos específicos de la ley 26.522. A pesar del fallo que destruye en su esencia la estrategia dilatoria del Grupo Clarín, esta mañana el multimedio insistía en que la ley no se podía aplicar. La realidad es que quedaron al desnudo los intereses monopólicos del grupo, que pretenden mantener sus casi 300 medios, que invaden con la información que a ellos les interesa los medios gráficos, radiales y televisivos, postergando las noticias que no comparten.

Esa maliciosa actitud antiperiodística el grupo la mantiene desde hace años, como lo viene denunciando Prensa Libre desde sus comienzos, y eso se debe a sus acuerdos con diferentes gobiernos, mezclados actualmente con fuertes intereses financieros, lo que les otorga un poder que hoy está cada vez más claro lo perjudicial que puede resultar para una sociedad democrática. Una concentración mediática semejante sólo es posible en gobiernos dictatoriales de cualquier signo, totalmente inaceptable en una sociedad que pretende hacer valer los derechos de información de la totalidad de sus ciudadanos.

El fallo resumido y completo en JPG puede leerse en esta misma página.

Los dueños de los multimedios amordazan a sus periodistas

Esta es la solicitada que los trabajadores de Crítica no pudieron publicar en su diario:

"Trabajamos en Crítica de la Argentina y apoyamos la ley de Medios

-Porque es inadmisible que unos pocos grupos económicos concentrados manejen el 80 por ciento de la comunicación audiovisual de la Argentina, lo que genera un oligopolio mediático que atenta contra el derecho a la información.
-Porque se basa en los 21 puntos que desde hace cinco años viene reclamando la “Coalición para una Radiodifusión Democrática”, integrada por más de trescientas organizaciones sociales de todo el país.
-Porque deroga el decreto-ley de la dictadura militar, modificado por el menemismo como una forma de controlar y monopolizar la información, y lo reemplaza por una ley antimonopólica que surge del sistema democrático.
-Porque la diversidad mediática otorga más fuentes de trabajo y abre un abanico de voces. En ese sentido, rechazamos la idea de que se está con el Gobierno o se está con Clarín: así como las empresas privadas no deben manipular la información a favor de sus intereses, los medios públicos deben tener independencia del Ejecutivo.
-Porque somos periodistas, fotógrafos, diagramadores, diseñadores, correctores, entre otros, que desarrollamos tareas en un medio de comunicación, e involucrarnos en este debate con libertad de conciencia nos resulta imprescindible.
Por todo esto, los abajo firmantes, miembros del staff de Crítica de la Argentina expresamos nuestro apoyo, en general, a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Alejandro Agostinelli- Pablo Alabarces - Cristian Alarcón - Germán Alemanni - Daniel "Sueco" Álvarez - Norberto Baruch - Juan José Becerra - Alicia Beltrami - Alejandro Bercovich - Bruno Bimbi - Eduardo Blaustein - Esteban Bogado – Jesica Bossi- Gastón Bourdieu - Hernán Brienza - Pablo Bruetman - Andrés Burgo - Hernán Buzzella - Tomás Canosa - Martín Caparrós - Nelson Castelli - Agustín Colombo - Stella Córdoba - Nicolás Correa - Pablo Corso - Washington Cucurto - Laura Eiranova - Jorge Estebenet - Mauro Federico - Matías Fernández - Roberto D. Fernández - Andrés Fidanza - Guadalupe Gaona - Diego Genoud - Luciana Geuna - Maxi Goldschmidt - Leni González - Rodolfo González Arzac – Gabriela Granata- Emiliano Gullo - Florencia Halfon-Laksman - Luis María Herr - Belén Ianuzzi - Mariano Jasovich - Natalia Laube - Leonel Lenga - Ángela Lerena - Diego Levy - Josefina Licitra - Julio López - María Fernanda Mainelli - Juan Maizares - Diego Mancusi- Claudio Mardones - Mariano Martín - José Medrano - Fabiana Moret - Adriana Muñoz - Fernanda Nicolini - Martina Noailles - Sergio Olguín - Rodolfo Palacios - Guillermo Paltrinieri - Diego Paruelo - Virginia Passini - Marcelo Pavazza - Sebastián Penelli - Nicolás Peralta - Patricio Pidal - Martín Pietruszka - Gustavo Pujol - Carolina Ricaldoni- Guillermina Ríos Ereñú - Federico Rivas Molina - Magdalena Rodríguez - Javier Romero - Leandro Sánchez - Diego Sandstede - Rafael Saralegui - Eugenia Saúl - Candelaria Schamun - Diego Schurman - Federico Sierra - Tamara Smerling - María Sucarrat - Octavio Tomas - Roka Valbuena - Gabriela Vulcano - Alejandro Wall - Ariel Zak - Claudio Zlotnik"

¡Patético!

Manifestaciones a favor de los monopolios

Varios cientos de personas se reunieron, el martes por la tarde, frente al Congreso Nacional para defender al Grupo Clarín y protestar contra el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, proyectado y defendido por cientos de organizaciones sociales, periodísticas y culturales, con el fin de limitar a los monopolios de la comunicación.

En el acto, organizado por un conglomerado de agrupaciones, prácticamente desconocidas, numerosos manifestantes se mostraron con simbólicas "mordazas" (una cruz roja que les tapaba la boca, respondiendo a los slogan que el Grupo repite diariamente en sus numerosos medios).


En el cierre del acto, el rabino Sergio Bergman rechazó la ley, repitiendo como un virtual vocero, las consignas del Grupo Clarín: "En poco tiempo, todo lo que vas a poder ver es canal 7".

Apoyaron fervientemente, el “ruralista” entrerriano Alfredo De Angeli, el dirigente desocupado Raúl Castells, el ex ingeniero Juan Carlos Blumberg y la defensora de la dictadura militar, Cecilia Pando.

Reflexiones sobre la Ley de Medios a partir de la opinión del concejal Gnoffo

El equipo de prensa del presidente del bloque de concejales de la UCR de Vicente López, Fabián Gnoffo, envió sus declaraciones a Prensa Libre, acerca de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Gnoffo dice: “Por un lado creo que hay que modificar la ley actual; no es sano que haya un monopolio tan fuerte de parte de los grandes grupos mediáticos, volcada en una opinión casi unánime en muchos medios que pertenecen a una misma empresa”.
“Sin embargo, es muy probable que en este caso puntual no se trate de que haya más libertad de expresión sino de que cambie de manos la monopolización de los medios, y eso sería peligroso”.
El concejal también se refirió a otros actores que deberían formar parte de la discusión: “En este debate deben ser escuchadas también las ONG´s y los medios provinciales y locales, pero mi miedo es que éstos terminen siendo feudos en cada uno de sus lugares, y que se siga girando en torno, por ejemplo, de sindicatos que se hagan cargo de esta representatividad. Sería volver a lo mismo”.
Gnoffo fue más allá al sugerir: “Este proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debería ser mucho más debatido en el Senado e incluso para ello sería muy sano políticamente que vuelva a la Cámara de Diputados de la Nación”.
A modo de conclusión, Gnoffo opinó: “No queremos una ley de radiodifusión para solamente cambiar el dueño del monopolio”.

En 1983 a muchos, periodistas y no periodistas, nos parecía que la Democracia no podía permitirse funcionar con una ley de medios creada por la dictadura para favorecer a sus amigos, y evitar la participación de la ciudadanía en todo lo que fuera la libertad de expresión que garantiza nuestra constitución nacional.
Ya sabíamos que Videla había llegado a un acuerdo con Clarín, La Nación y La Razón (en 1977) para darles el monopolio de la fabricación del papel para diarios (recordemos la famosa foto de la Noble brindando con el dictador). De ese acuerdo, dejaron afuera, entre otros, a Héctor Ricardo García (Crónica), quien se cansó de denunciar el hecho, al mismo tiempo que Clarín le aumentaba los precios del papel para fundirlo. Recordemos que La Prensa, por entonces propiedad de los Gainza Paz, no quiso participar del acuerdo porque le pareció poco ético. Todo esto figura en libros publicados por varios investigadores (entre ellos Enrique Vázquez, Anguita y Gasparini), en documentos públicos y, más aún, algunos detalles siniestros aparecen en un reciente reportaje realizado a Osvaldo Papaleo, protagonista de algunos de aquellos hechos.
Recordemos que hoy el monopolio le pertenece a Clarín, que se hizo dueño de La Razón y detenta así el 50% de las acciones, y en menor porcentaje a La Nación y al Estado.
A ese monopolio agreguemos Canal 13 (gracias a Menem), radio Mitre, varios cientos de licencias de radio y TV, varios medios gráficos del interior y negocios varios, que ligan a los dueños del papel con todo lo que uno pueda imaginar. Si le agregamos la televisión por cable, las productoras, los canales, etc., el círculo cierra bastante bien. Cuando a la mañana temprano uno de estos diarios dice “a” y sus repetidoras durante todo el día siguen con “a” (incluidos los programas de entretenimientos, de discusión política y de periodismo de los que son dueños), por la noche el pobre ciudadano que recibe el bombardeo del monopolio termina diciendo “a”.
Y qué le vamos a hacer, son las reglas del libre mercado.

Por eso estoy de acuerdo con usted: existe el monopolio y hay que terminar con él.
Pero, y aquí surgen las disidencias, usted teme que se cambie un monopolio por otro…
Si estamos seguros de que el monopolio existe y hay que terminar con él, ¿no debemos hacerlo porque “podría” cambiar de manos? Ese razonamiento ¿no parece un último recurso para evitar el fin del monopolio?
¿Por qué digo esto? Porque ya en 1983, diputados radicales elaboraban proyectos para cambiar esta situación antes descripta, y como por esa ley los medios deben ser controlados por las Fuerzas Armadas se decidió intervenir el CONFER, hasta hoy en manos del Estado por completo. O sea, que si usted tiene miedo que el monopolio pase de una mano a otra, podemos afirmar que hoy sí el control total es del Estado.
Por eso, porque muchos no queremos que el tema de la comunicación esté exclusivamente en poder del Estado o de los monopolios (a los que no les interesa informar, sino sólo ganar más) siempre planteamos que había que darle cabida a las ONG, mejor dicho Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Y seguramente que habrá muchas malas: ¿sindicatos?, ¿iglesias?, ¿fundaciones?, ¿partidos políticos?, ¿bibliotecas?, ¿sociedades de fomento?, ¿cámaras empresarias?, ¿clubes? Ahora tienen prohibido participar en los medios audiovisuales; pero con la nueva ley, mal o bien, tendrán su derecho.

Y como le decía, no es desde hoy que se quiere cambiar esa ley por otra mejor. Calculan que son más de 70 los proyectos presentados desde la época de Alfonsín y siempre fueron cajoneados con distintas excusas. Usted sabe como es eso, cuando los poderosos no quieren, hacen lobby y no hay caso. Después, con Menem, las cosas empeoraron. Y mientras tanto, las radios locales, los periodistas independientes, los sindicatos (locutores, artistas, periodistas, actores, técnicos) comenzaron a preparar los famosos 21 puntos (y nadie les daba bolilla, siempre había cosas más importantes). Al final, alguien del oficialismo se interesó, en base a los 21 puntos armó un proyecto que fue mejorando, y en marzo de este año se presentó. Todos los debates que se hicieron para llegar a los 21 puntos fueron ocultados por los medios, y todos los que se hicieron después, con el proyecto ya presentado, también fueron ocultados. Y en el parlamento, nadie lo discutió. “No tuvimos tiempo para leerlo”, decían, cuando sabemos que los legisladores tienen muchos asesores que les podían haber ayudado en estos años.
Cuando se acercaron las elecciones, los medios decían: “ahora no es el momento porque vienen las elecciones”. Cuando pasaron, los medios decían: “ahora no, porque pasaron las elecciones”. Después: “hay que esperar al próximo parlamento”. ¿Y más tarde qué dirán? ¿Lo mismo que en los últimos 25 años?

No hay nada peor que la ley existente. Lo dice el relator para la libertad de expresión de la ONU: “Este proyecto de ley sigue los principios clásicos de la libertad de expresión y de las relatorías. Hay cuatro relatorías en el mundo. La de las Naciones Unidas, la de la OEA, la de Europa y la de Africa. Y las cuatro relatorías han coincidido históricamente en la necesidad de diferenciar los tres segmentos de comunicación comercial, comunitaria y pública estatal. Este proyecto de ley lo que está haciendo es traducir la doctrina de derechos humanos a una ley, a una guía. Y me parece muy bien.”
Lo dicen todos los periodistas que no están comprometidos con los multimedios. Por el contrario, están en contra todos los periodistas que tienen contrato con los multimedios. Qué sugestivo, ¿no?
Lo dice Hermes Binner: “Tenemos que partir del presupuesto de que esta ley es sustancialmente superior a la ley que existe hoy", y destacó que se haya podido "separar a las telefónicas" del negocio ya que podría "empañar el funcionamiento de los medios", y que en el nuevo proyecto "va a haber un cuerpo colegiado" en lugar de un interventor, y que habrá "regulación de la pauta oficial". Lo dice quien esta semana acaba de ganarle al peronismo en su provincia.
Es que parte de la premisa lógica de que lo que es bueno hay que aceptarlo, no importa si viene de alguien que no piensa como uno.

No sé qué ofrecen los multimedios para evitar que se apruebe la ley, pero les tengo miedo. Ellos contribuyeron en mucho para que lo voltearan al presidente Illia, ¿se acuerda? ¿Y en el ’76? Mire las tapas de algunos diarios de marzo de ese año. Contribuyeron, otro poco, para que cayera Alfonsín… A Menem lo apoyaron, hasta que les dio todo lo que querían… y descubrieron a un De la Rúa más maleable. A Duhalde le sacaron la ley “de industrias culturales” que los salvaba de la quiebra. A Kirchner lo apoyaron hasta que les dio el cable…

Puedo estar equivocado, pero si no aprovechamos esta oportunidad, hasta los medios locales del barrio más apartado van a estar en manos de los monopolios. Y después, cuando no exista ninguna voz disidente, a algunos les darán trabajo allí, para que digan lo que en el momento oportuno sirva a sus intereses.
Puedo estar equivocado, pero como a usted, me asusta que tanta gente piense de acuerdo al bombardeo unidireccional de los grandes grupos; es demasiado parecido al “miente, miente que algo queda”… Creo que lo dijo un alemán. Y me parece que no se llamaba Goethe ni Beethoven.

Cobos el demócrata

Todo es bueno para que dure más la ley de la dictadura.

Defensores de la “Ley de la dictadura”

Que Joaquín Morales Solá es un fiel defensor de los intereses económicos del diario La Nación es notorio y no precisa explicación. Lo demuestra día a día en sus notas, donde editorializa sobre los terribles perjuicios que acarrearía no hacerle caso a él, por ende a su patrón: La Nación.
Hoy, por ejemplo, olvidando su condición de periodista, ofende a los lectores y a todos quienes ejercen dignamente su profesión cuando dice: "El proyecto de ley de radiodifusión tenía dos propósitos claros: fragmentar y debilitar a los actuales conglomerados de medios de comunicación y, al mismo tiempo, crear las condiciones para levantar un conglomerado propio". Por supuesto, utiliza una afirmación tendenciosa sin argumentación alguna, dando por sabido lo que no se debe dar por sabido, tirando por la borda las más elementales reglas del periodismo, que él parece haber olvidado. Pero lo peor, considera a los miles de periodistas y ciudadanos en general, que han trabajado arduamente para llegar a elaborar los 21 puntos en que se basa este proyecto, como ‘idiotas útiles’ al servicio del tirano de turno que censura a La Nación y no le permite insultar abiertamente a quienes rocen siquiera sus privilegios.
A Morales Solá todo le suena a improvisación, todo le suena a complot contra los pobrecitos Clarín, La Nación, Vila, Manzano, De Narváez y toda la banda.
Por qué Morales Solá no dice una palabra del ‘regalo’ de Videla cuando les entregó a su querida “La Nación” y “Clarín” el monopolio del papel. Nada dice de cómo los grandes medios trabajaron para bajar a un presidente democrático como Arturo Illia, nada dice de los elogios editoriales de esos diarios a la dictadura. Pero sí levanta su voz, con toda soberbia y pompa, y no para criticar lo que ve mal, sino para atacar y acusar a un gobierno elegido democráticamente, como no pudo hacerlo con gobiernos dictatoriales. Se burla del proyecto de radiodifusión, “sensible a las necesidades políticamente correctas de los "pueblos indígenas”, dice, y con la ironía de los poderosos se asombra de que se escuchen opiniones (¿despreciables? ¿inferiores?) como detalla él: “de la Agrupación Comandante Andresito, la Federación Juvenil Comunista, Agrupación La Vallese o Barrios de Pie.”
Claro, para Morales Solá esos no son la elite en la que él cree estar, porque no advierte su rol de lacayo. El único que debe ser escuchado es el grupo de patrones de medios que dirige Adepa, donde si están integrados muchos medios pequeños, es por el temor de que los grandes defensores de la ‘libertad de empresa’ no les vendan el papel para sus diarios si tienen opinión en su contra.
http://www.lanacion.com.ar:80/nota.asp?nota_id=1174825&origen=NLColHoy

Canal 7, Pablo Sirven y La Nación

Alguna vez se elogió desde aquí a algunos periodistas que, a pesar de escribir en el diario La Nación, consiguen mantener ecuanimidad, rigor crítico e independencia con respecto de la línea del diario. Es envidiable.
Por desgracia, son pocos los que consiguen mantenerse con criterio propio y no sucumben a la fuerte presión que se ejerce, desde los grupos monopólicos de la prensa, para que todo su personal se alinee con los intereses de la empresa.
Y si no, que lo digan los periodistas del Grupo Clarín, que en estos días son perseguidos, hasta en sus trabajos independientes, para que sostengan la postura del grupo en contra de una ley de comunicaciones que limite, aunque sea en parte, el poder de los monopolios.

Hoy en La Nación se publica en tapa una nota que va en la dirección de oposición firme que sostienen todos los grandes empresarios de la comunicación a favor de la “Ley de la Dictadura”. (Mencionado esto con similar intencionalidad con la que se dice “Ley de control de medios”, olvidando que aquella tiene como órgano de control a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas).
Desde el título, el artículo que tiene la firma de Pablo Sirven se pregunta ¿Canal 7 es TV pública o propaladora oficial? Y en él se asegura que Canal 7 se “obsesiona” con la ley y adjetiva que en los “sucesivos, largos y repetidos informes” son mínimas las declaraciones en contra.
El articulista se queja luego de que no aparecen declaraciones contrarias a “las pintadas, declaraciones altisonantes y diatribas del matrimonio presidencial contra la prensa”, y sugiere que censuran a los que dan su opinión, poniendo como prueba una carta de “estudiantes de la Universidad de Belgrano”.
¿Le habrán enseñado a Sirven en la escuela de periodismo que su afirmación “matrimonio presidencial” es tendenciosa y fuera de lugar”? ¿Se dará cuenta Sirven que esa consigna, tanto como “los K”, y otras similares son una manera de menospreciar sin argumentar, que tienen mucho de publicidad y poco de periodismo y que se parece mucho a otra consigna que usaron los grandes medios allá por los ‘60, cuando trataban de fijar en la opinión pública el concepto de que el presidente constitucional de entonces era lento “como una tortuga” y por lo tanto ineficiente?

Luego, con una objetividad pasmosa, basada en trascendidos y opiniones personales, se queja de la cantidad de informativos que tiene Canal 7, y en particular parece molestarle uno que se emite a las 20. “Allí se combina la más rancia y oficialista bajada de línea sobre los temas de actualidad con filosos informes compaginados al mejor estilo TVR”.
Luego de tan brillante y completa crítica, que parte de una opinión personal sin dar fundamento, le parece “inquietante” que una columnista de ese canal haya dicho que no se estaba metiendo con los medios gráficos, “que es una cuestión a debatir en otra oportunidad”. A él le parece inquietante, ¿o será a sus patrones, que gozan del privilegio de haber obtenido de Videla el control de la materia prima con que se fabrican los diarios, en sociedad con el Estado y Clarín. (Esos diarios ¿alguna vez le habrán llamado “dictador” o reprochado falta de libertad de prensa a Videla?)
A Sirven también le parecieron “deducciones rápidas y aviesas” las de un cronista que dijo que impedir el tratamiento de la ley era darle continuidad a la de la dictadura (¿no es así?).
También afirma muy suelto de cuerpo que es “antipática” la asociación que se hizo en un programa de Canal 7, entre los firmantes de la actual ley (Martínez de Hoz y Videla), porque “se le pega, de paso, a dos enemigos declarados del kirchnerismo: el campo y la dictadura militar”. En su torpe ataque a Canal 7 Sirven olvida que M. de H. y Videla no son dos entes, sino los que desbarataron la Constitución y promovieron el terrorismo de estado. Olvida que la dictadura militar no es la enemiga de los K, sino de todo el pueblo argentino. Y mal favor le otorga a lo que el llama “el campo”, asociándolo con quien llevó adelante la destrucción de la economía nacional de la mano de un régimen nefasto.

Finalmente, y después de seguir con sus opiniones a favor o en contra de hechos y personas, inexplicablemente, Pablo Sirven dedica seis párrafos de su nota a elogiar a “la emisora con mayor diversidad temática de la televisión argentina” (SIC).
Para concluir con una afirmación absolutamente compartible: “¿Canal 7 no debería cubrir y tratar los temas de actualidad nacional (…) con la amplitud necesaria para abarcar todas las voces y no sólo las del oficialismo?”
Pero claro Pablo, si esa es la conclusión, cómo no estar de acuerdo. Esa afirmación ética vale para todos los medios.
Vaya toda nuestra solidaridad con P.S. si fue obligado a escribir todo lo demás.

La nota de Sirven se puede leer en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1174229

Democratizar la comunicación (I)

Guillermo Mastrini, docente de comunicación de la UBA y de la Universidad de Quilmes, es uno de los que opina desde la docencia y desde el conocimiento acerca de la comunicación. Para él está claro que la ley vigente de radiodifusión de Videla y Martínez de Hoz es negativa para la democracia y por lo tanto, a 26 años de la llegada de la Democracia, es absurdo que no se hagan los cambios necesarios para terminar con esta situación.
Si bien durante estos años se presentaron diversos proyectos integrales, siempre el parlamento se negó a tratarlos. Ahora, sin embargo, es la oportunidad. Y lo es, porque el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) lo presentó con fuerza para ser tratado.
A los que estamos en el tema, todos los momentos nos parecen apropiados. Antes de las elecciones o después de ellas, con un parlamento o con otro, lo que no nos parece oportuno ni democrático es que algunos políticos pongan excusas de oportunidad, cuando ya son culpables (tanto desde el gobierno como fuera de él), de haberse hecho los distraídos cuando los proyectos parecían afectar los intereses de los medios. Porque suena demasiado a no querer quedar mal con quienes le van a dar prensa, y porque hacen quedar mal a los medios que parece que sólo le dan prensa a quienes defienden sus intereses en el Parlamento.
En 1989, fueron los mismos políticos quienes aprobaron una reforma que permitía que las sociedades anónimas (sin importar sus actividades económicas) tuvieran licencias de radios. Y en el mundo hay ejemplos, denunciados por la prensa independiente de verdad, sobre cómo intervenían las empresas en la prensa para hablar bien de sus productos, desde la objetividad periodística, ¡de sus propios empleados!
En 1991, se permite el ingreso a la prestación radiofónica a capitales estadounidenses o allí radicados.
En 1999, se amplía el número de licencias permitidas por operador de 4 a 24 y se autorizan cadenas monopólicas.
En 2003, la llamada Ley Clarín evita la convocatoria de acreedores para los grandes medios.
En 2004, se extienden por 10 años los permisos para canal 11 y canal 13.
En 2005, se estiran por 10 años las licencias de las radios.
En 2007, se aprueba la fusión de Cablevisión y Multicanal.
Cada una de estas reformas contó con el beneplácito de los partidos políticos y no sirvieron para mejorar la calidad de la comunicación. Todo lo contrario, sirvieron para envilecer aún más la calidad, fortalecer el monopolio y evitar el ingreso de nuevos actores que trajeran aire fresco a la información que le llegaba al público.
Ahí están los años, ahí están los presidentes y sus opositores. Todos cedieron y todos son responsables. Ninguna de esas leyes o decretos benefician al público, sólo al negocio.
¿No es hora de cambiar?

De dónde sale el proyecto de ley de comunicación audiovisual

En un país donde parece que la política sólo fuera buscar la forma de hacer quedar mal al oponente, usted sabe muy bien que las chicanas y las malas intenciones a veces permiten que prevalezcan los intereses económicos de algunos sectores sobre los derechos de la mayoría.
Por miopía mental, por mala intención de algunos o por arrogancia de otros, puede perderse la oportunidad de que se apruebe una buena ley de radiodifusión y, como consecuencia, que perdure una ley nefasta, creada para acallar las voces independientes y defender al tirano de turno.
Es que, desgraciadamente, la desinformación a la que nos someten los multimedios (con su publicidad sin límites, su mal gusto y sus figurones del espectáculo) pretende hacer olvidar cómo fue creado este proyecto de radiodifusión que acaba de presentar el Poder Ejecutivo ante el parlamento, y la importancia fundamental que tiene para fortalecer la vida democrática del país.

Múltiples proyectos fueron presentados en distintas oportunidades, por pedido de diversas asociaciones civiles desde 1983, y ningún parlamento se animó a aprobarlos (¿por no quedar mal con los multimedios?). Es más, si se le hicieron cambios a la ley de la dictadura fue para mejorar la situación de esos monopolios ¡a pedido de esos mismos monopolios!

¿No es hora de terminar con esta vergüenza? Usted sabe que sí es hora, por eso no viene mal recordar cómo surge el actual proyecto de ley de comunicaciones audiovisuales. Poco importan los motivos por los que el Poder Ejecutivo Nacional se basó en los “21 Puntos Básicos por el derecho a la Información” (http://www.sprensalibre.com.ar/index.php?id=1402 ) para armar la nueva ley. Lo que sí es importante es que esos 21 puntos fueron pensados y propuestos por iniciativa ciudadana después de 26 años de trabajo y dedicación.

Es que a esos puntos se llegó luego de debatir en una amplia gama de organizaciones sociales. Participaron, entre otras: el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), que representa a 50 radios de todo el país gestionadas por organizaciones sin fines de lucro; las universidades con carreras de radio y comunicación (como la UBA); también los gremios de trabajadores de la comunicación (tanto de la CGT como de CTA), entre otros: actores, locutores, periodistas, operadores: Y además, participaron de ese amplio consenso una serie de movimientos sociales y organismos de derechos humanos, entre otros.

Como se puede advertir entonces, ésta no es una propuesta de los políticos, y tampoco de los empresarios de la comunicación. Es una propuesta de la ciudadanía, pensada para que la propia ciudadanía esté mejor informada y, fundamentalmente, a tono con la lucha que en todo el mundo vienen librando las entidades sociales y las asociaciones de consumidores: evitar que las empresas monopólicas (los multimillonarios que cada vez más controlan lo que se dice y lo que se piensa en el mundo) impongan sus criterios mercantilistas sobre un derecho que tenemos todos los ciudadanos: el de poder expresarnos e informarnos de la forma más plural posible.