Las mentiras de Clarín y La Nación y el fallo del Fiscal General Ricardo Molinas

Dijo Ricardo Molinas, a cargo de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas: "la vida de Papel Prensa no por corta ha dejado de ser azarosa y plena de vicisitudes lo cual la ha convertido para la opinión pública en una etapa con nombre propio de la historia argentina reciente (...) Sin olvidar las constantes reclamaciones de los otros periódicos por presuntos privilegios conferidos a la empresa por el Estado Nacional, Papel Prensa ha sido motivo de duras y públicas polémicas y de intricados y, por momentos, abstrusos trámites judiciales y administrativos."

Algunas de las observaciones: "El precio (pagado por las acciones de Papel Prensa) fue objetado por bajo en el juicio sucesorio por el representante del Ministerio Público lo que motivó que diez años después de la venta no estuviese aún aprobada por la oposición de quien tutelaba los intereses de la hija menor de David Graiver (...) La Junta de Comandantes sin hacer ninguna referencia a estos hechos y sin realizar ninguna acción tendiente a desbaratar el negocio realizado por los Graiver y Montoneros, trató y aprobó la transferencia del paquete accionario (a los tres diarios) sin denunciar las irregularidades comprobadas:” (…) "queda claramente demostrado que la conducta del Presidente de la República de facto (Videla) implicó un grave abuso de autoridad al autorizar la prórroga del contrato sin que se diesen los extremos que el contrato fijaba como necesarios."

"El resto de los periódicos individualmente o agrupados de las distintas entidades representativas como la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), la Asociación de Diarios del Interior (ADIRA), la Asociación de Diarios Entrerrianos (ADDE), la Asociación de Prensa Técnica Argentina (APTA) sostenía públicamente que las medidas protectoras de la producción de Papel Prensa en especial las Aduaneras resultaban manifiestamente inconstitucionales por atentar contra la libertad de industria y comercio y la libertad de prensa y, además, creaban un monopolio papelero en manos de los tres diarios que constituían la competencia."

Dictaminó Molinas: "(que) el Poder Ejecutivo adopte los recaudos tendientes a declarar la nulidad, al menos parcial de los convenios y evitar los perjuicios que puedan acarrear al erario público" y denunció a Videla por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, administración fraudulenta y a Massera y Agosti por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y encubrimiento y a Martínez de Hoz por incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta. El 12 de abril de 1989 el juez Néstor Blondi resolvió declarar la causa "extinguida por prescripción de la acción (penal)". Y un año después, Jorge Pinzón, el fiscal que reemplazó a Molinas, ordeno archivar sin más trámite".

¿Quién gobierna a la Argentina? ¿Las autoridades electas o los grupos empresarios de poder real?

El vicepresidente del Grupo Clarín privatizó un río para plantar arroz

Mercedes en la polémica
Censuran a Landriscina
(Nota del diario "Mercedes Hoy" de la provincia de Corrientes)

José Antonio Aranda, en compañía con George Soros, montará una represa que ahogará 8 mil hectáreas de la localidad correntina de Mercedes. Bajo el agua quedarán 8000 hectáreas de la localidad correntina de Mercedes. Desaparecerán bosques en galería a lo largo de 137 kilómetros y numerosas especies nativas. Será la primera vez en la Argentina que un curso de agua, de dominio público, esté al servicio de empresarios privados. Se trata de la Represa Ayuí Grande, una obra monumental que encara el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, en alianza con el magnate húngaro George Soros.

Los que se oponen al proyecto señalan que hay un agravante mayor: tanto la Legislatura como el gobierno provincial lo avalaron. “Es una locura que se permitan este tipo de emprendimientos. Sólo hay antecedentes de obras similares cuando el Estado las realiza como obra pública, en beneficio de toda la población, para proveer electricidad, por ejemplo. Pero en este caso, son dos empresarios que se apropian de un río solamente con ánimo de lucro”, denuncia a Tiempo Argentino el biólogo Aníbal Parera.

María Vallejos es una de las tantas voces de la localidad de Mercedes que se levantó en contra del emprendimiento. En diálogo con este diario, resume su posición y remarca lo difícil que es instalar el tema en los medios locales y provinciales: “Al principio fue casi imposible que los medios de comunicación se hicieran eco de nuestro reclamo. Las empresas hicieron una campaña publicitaria impresionante. Hasta le prometieron 100 mil pesos al hospital local. Son intereses muy poderosos los que hay detrás. Somos conscientes que estamos dando una batalla muy desigual.”

Pero la lucha por ganar la pulseada de la opinión pública no sólo quedó limitada a los medios de la provincia. La polémica se instaló en los medios nacionales, cuando durante el año 2008 el Canal Rural, del cual el Grupo Clarín es accionista, censuró un programa de Luis Landriscina donde entrevistaba a Enrique Lacour, Presidente de Fundación Iberá, la principal ONG que se opone a la construcción de la represa (ver recuadro).

El propio Lacour sabe que el proyecto tenía el visto bueno de lo más alto del poder provincial. “Me imagino que no se van a oponer a este proyecto, mirá que hay orden de arriba. Esto se hace o se hace”, le dijo personalmente el Ingeniero Mario Rujana, Interventor del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA).

Los intereses comerciales que están detrás del emprendimiento arrocero tienen nombre y apellido. Es el de las empresas Copra SA, cuyo titular es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y Adecoagro, de George Soros. Pero todos coinciden en que es el propio Aranda el que mayor apuro tiene en comenzar las obras. Los campos de Soros y Aranda son vecinos. Apenas están separados por el Arroyo Ayuí –que por su caudal, los lugareños llaman “río”–, el mismo que quieren embalsar para aumentar exponencialmente la producción de arroz hasta llegar a 120 mil toneladas anuales. El paredón que contempla la construcción de la represa unirá a los dos empresarios y permitirá regar unas 20 mil hectáreas de las 70 mil que ambos tienen sobre la costa del espejo de agua. La mayor parte de la producción se exporta a Venezuela y, en menor medida, a Brasil. “Ellos que hablan tanto del maldito Chávez, le exportan todo a Venezuela”, agrega irónicamente Lacour. “Don Aranda”, como lo conocen en Mercedes, es un hombre de peso en el ámbito ganadero y arrocero de la región. Actualmente es presidente de la Asociación Bradford Argentina y tiene una excelente llegada a la Sociedad Rural local. Los viejos pobladores cuentan que siempre mantuvo un bajo perfil. Llegó a Corrientes hace más de veinte años y fue comprando varios campos en la zona hasta llegar a las 40 mil hectáreas que tiene actualmente, en su mayoría dedicadas a la producción de arroz.

Hay una persona que responde por Aranda en suelo correntino. Es el contador Ricardo Freire, su mano derecha y operador comercial en Mercedes, una ciudad históricamente ganadera que de a poco le va dando lugar al negocio arrocero. A Freire todos lo conocen como “El Guasón”. A pesar de que vive a cuatro cuadras de las oficinas de Copra, en la calle Sarmiento 879, llega todos los días en una imponente camioneta Jeep Cherokee negra. Después de varios intentos, dialogó con Tiempo: “Hay ciertos sectores que generan información distorsionada. Quieren estigmatizar el arroz, pero hay que entender que es un cultivo que alimenta al mundo. Tiene más de 10 mil años de historia. No es un problema producir alimentos, todo lo contrario, producir alimentos es construir a la paz mundial. El mundo necesita alimentos, y los que están en condiciones de producirlo, tienen la obligación de hacerlo.”
Pero donde Freire ve progreso económico y un aporte a la paz mundial, los especialistas en medio ambiente hacen hincapié en los graves daños que sufrirá el ecosistema.

–¿No le preocupa el impacto ambiental que producirá?
–Todo acto del hombre implica un impacto. Esta comunicación telefónica está generando un impacto. El impacto ambiental existe, ya que estamos modificando cierta región para desarrollar el proyecto, pero siempre tratando de causar el menor daño posible. Pero el mayor impacto es el social y el económico: crearemos 1500 nuevos puestos de trabajo entre mano de obra directa e indirecta. Teniendo en cuenta que más del 50% de la población correntina tiene problemas de trabajo y pobreza, aportar semejante inversión creo que es uno de los elementos fundamentales que las autoridades tuvieron en cuenta para apoyarnos.

–Pero el agua es un bien público. Es ilegal apropiársela.
–El agua es un bien público que administra el Estado, pero nosotros no nos apropiamos, nos van a dar una concesión para utilizar el agua. Además, Corrientes es una provincia donde el agua abunda y la agricultura apenas llega al 1% de las tierras cultivables.

Es la propia historia correntina la que contradice los dichos del gerente de Copra. Basta con conocer la historia de Luis Picolini, un productor agropecuario de Paso de los Libres que vivió en carne propia los efectos devastadores de una represa. Fue en 1992 cuando empresarios brasileños se radicaron en el lugar y prometieron trabajo estable y abastecimiento de agua para los campos. Sucedió todo lo contrario. Sólo quedó el tendal. Mientras recorre las instalaciones obsoletas de su campo, recuerda los comienzos junto a su padre. Empezó sembrando diez hectáreas y llegó a tener 200. Pero hace 18 años que no planta arroz porque la represa secó el cauce río abajo. Aún conserva las cosechadoras oxidadas y las secadoras de arroz abandonadas junto a los silos vacíos.Paradójicamente, el campo de Picolini se llama El Progreso. Recién el año pasado terminó de cancelar un crédito con el Banco Nación por la compra de un silo que ya no usa. “De bronca dejé todo ahí afuera, que se pudra. Que quede como un registro del avasallamiento que sufrí”, relata angustiado a este diario.

–¿Qué piensa de la Represa Ayuí Grande?
–La represa que quieren construir ahora es dos veces más grande que la que me perjudicó a mí. Imagínense el desastre que va a ser. Yo soy la prueba fehaciente de las mentiras de estos empresarios y la manipulación que hacen de la gente, prometiéndole cosas que nunca llegan. Dicen que no va a existir la seca como había antes, pero es mentira, cuando haya problemas de agua con la represa ellos van a regular el nivel de agua. De tan ambiciosos que son, siembran más de la capacidad de riego que tiene la represa, entonces nunca alcanza el agua para el resto de los productores.

El proyecto tiene otro costado polémico. La provisión de energía a precio accesible era una de las condiciones básicas, según cuenta Enrique Lacour, de Fundación Iberá, para que la inversión sea rentable. Por eso fue que Aranda comenzó a aceitar las fluidas relaciones que ya tenía con el poder político provincial.

–¿Cómo consiguen la energía a bajo costo?
–Para que semejante proyecto les cierre tienen que obtener electricidad a bajo precio. Porque con el uso de combustible el negocio no les daba. Entones convencieron a la provincia y a la Nación y lograron construir una estación de rebaje de la línea de alta tensión de Yacyretá que va hacia Buenos Aires, con la excusa que se abastecía de electricidad al pueblo de Mercedes”, denuncia Lacour.

–¿Cuánta energía consumirán?
–Piensan consumir tres veces lo que consume la ciudad de Mercedes sólo para alimentar la represa. Todo simula que es un reaseguro energético para la comunidad, pero el verdadero impulso es la construcción del dique.

Humberto Rodríguez nació en Curuzú Cuatiá pero vive en Mercedes. Hace 28 años que es guardaparque provincial en la Laguna Iberá, a 50 kilómetros de donde se quiere construir la represa. Es otra de las voces que se levantan en contra del Proyecto Ayuí.
“Pensá que la laguna Iberá tiene 5500 hectáreas. Y ellos piensan hacer un lago artificial de un día para otro casi dos veces mayor y, encima, dicen que no van a causar daño. Al Grupo Clarín no le vamos a enseñar lo que es formar opinión. Pero esto es demasiado. Acá se está armando la mini patria arrocera y todos son cómplices. Lo más grave es el antecedente, si se construye una represa, todos van a querer construir otras y sería algo imparable”, señala indignado el guardaparque.

A medida que la Fundación Iberá y un grupo de vecinos comenzaron a marcar los aspectos negativos del proyecto, de a poco la población fue informándose de los verdaderos alcances del emprendimiento. Al principio, la idea de nuevas inversiones en la ciudad había tenido buena recepción. La promesa de nuevos puestos de trabajo ilusionó a muchos.

Sobre el supuesto beneficio económico que la obra dejará en la ciudad de Mercedes, hay más dudas que certezas. El guardaparque de la Laguna Iberá sostiene que todo es parte de una gran campaña de márketing y que poco será lo que quede en el pueblo: “Aranda y compañía juegan con la necesidad de la gente. Lo venden como la panacea.”

–Dicen que crearán 1500 puestos de trabajo.
–Es una gran mentira. Todos sabemos que estas megaarroceras tienen casi todo tecnificado, la mano de obra que usan es mínima. El grueso del personal contratado será temporal.

La diputada provincial María Inés Fagetti, presidenta de la Comisión de Ecología de la Legislatura, piensa lo mismo. La creación de puestos de trabajo, dice, es una máscara que oculta los verdaderos intereses de la inversión: “Habrá trabajo mientras se construya la represa, pero después serán muy pocos. Los emprendimientos arroceros emplean poca mano de obra, mayormente en negro y hasta apelando al trabajo infantil.” La justicia provincial deberá expedirse sobre la constitucionalidad del ordenamiento territorial de bosques, que el ex gobernador Arturo Colombi autorizó por decreto y luego la Legislatura lo convalidó por una ley. Como la norma en cuestión está en vigencia, no hay ningún freno para que empiecen las obras. Los propios encargados de poner en marcha la Represa Ayuí Grande sostienen que los primeros ladrillos estarán en septiembre. No obstante, el biólogo Aníbal Parera confía en que la justicia podrá revertir la situación. “Es inadmisible que empresarios privados se apropien de un curso de agua que es un bien público. Está terminantemente prohibido en el Código Civil. Si recorrés el arroyo quedás impactado por la belleza del lugar, con palmeras, bosques en galería y selva. No entra en la cabeza de nadie que todo eso quede bajo agua.”
En la cabeza de José Antonio Aranda y George Soros, sí.

Domingo, 15 de Agosto de 2010

“Perdí mis pechos, mi abdomen y también mis genitales durante la tortura”

“Yo desaparecí y todo lo que pasó fue estando desaparecida. También firmé en La Plata estando desaparecida. Hice los careos con (Jacobo) Timerman y todo lo relacionado con La Opinión estando desaparecida, porque desde el Departamento de Policía me llevaban a declarar envuelta en una manta gris, porque estaba totalmente quemada, perdí mis pechos, mi abdomen y también mis genitales durante la tortura y me operaron en la cárcel de un tumor cerebral por los golpes que recibí.”

Este testimonio lo pudo realizar Lidia Papaleo de Graiver el 20 de mayo de 2010, 33 años después de ser despojada de las acciones de Papel Prensa que les pertenecían a ella y a su hija, María Sol. Fue frente a los miembros del directorio de Papel Prensa.

Lidia Papaleo estaba en México en 1976 cuando su marido muere en un accidente de aviación (todavía no totalmente esclarecido). Allí recibe las primeras amenazas para que venda las acciones de Papel Prensa de propiedad de su familia y entonces, en su ingenuidad, vuelve a la Argentina para aclarar su situación. Aquí, se entrevista con Agustín Lanusse quien le recomienda ir a ver directamente al dictador Videla.

Así comienza su calvario. Es secuestrada y obligada mediante torturas a firmar la venta.
“A mi me llevaron siempre a La Nación”, cuenta, y “ahí estaba el gordito Mitre de La Nación, Carlés, Magnetto”, entre otros.

También fueron secuestrados y torturados los suegros de Papaleo y otros miembros de la familia y sus apoderados. Años después todavía recibía amenazas y durante muchos años no pudo recuperarse de los trastornos físicos y psíquicos sufridos.

El “comprador” de las acciones fue “Fapel”, una empresa creada por Clarín, La Nación y La Razón, para realizar la operación, y luego vender “legalmente” las acciones a cada uno de los diarios.

Pero era tanto el desprecio por el otro y la avaricia, que no sólo las acciones fueron compradas muy debajo de su valor, sino que Lidia Papaleo sólo recibe 7.000 dólares y la promesa de otro tanto años después…

Estos testimonios fueron publicados por el diario “Tiempo Argentino” y “Miradas al Sur”, figuran en un libro (“Silencio por sangre”) publicado en julio de 2010 y escrito por los periodistas Daniel Cecchini y Jorge Mancinelli y, sin embargo, todavía no merecieron comentarios de los dueños de Clarín.

Todavía ninguno de los periodistas “independientes” que pontifican diariamente en las primeras páginas de los diarios y en los noticiosos televisivos han abierto la boca sobre estos hechos. Los valientes investigadores guardan silencio y hacen como los tres monitos que se tapan los ojos, la boca y los oídos.

Mientras tanto, Fort, Tinelli y el embajador Sadous son los temas que les preocupan, convencidos tal vez de que los sufrimientos de los Graiver y la alianza de los multimedios con la dictadura terrorista es sólo otro complot más de los Kirchner.

¿O será una simple excusa de mercenarios o cobardes?

Denuncian que el gerente general de Papel Prensa cobra 120 mil pesos mensuales

El gerente general de Papel Prensa, Jorge Noseda, cobra "120 mil pesos mensuales", denunciaron hoy fuentes de esa papelera, quienes consideraron esa remuneración como "una verguenza".
(Télam) - "Noseda cobra 120 mil pesos mensuales y esto es una verguenza", afirmaron a Télam las fuentes de Papel Prensa.

Noseda, quien fue llevado en el año 1997 con el CEO de Clarín en Papel Prensa, está involucrado también en una denuncia de José Pirillo ante la Justicia como quien "recaudaba" un "retorno de entre un 10 y un 15 por ciento" por factura en esa papelera, bajo "las órdenes de Héctor Magnetto".

Pirillo refirió ante la Justicia que "esa era una práctica normal" en Papel Prensa e inclusive admitió que él mismo "había recibido dinero".

Publicado por El Noticialista

EL TITULAR DE LA RURAL SE APROPIO DE DOS VIAS DE COMUNICACION CLAVE DE CARLOS CASARES, QUE ANEXO A SUS CAMPOS

Eran calles públicas, ahora son de Biolcati

Hace ya ocho meses que el Concejo Deliberante reclamó su restitución. La interrupción de ambas vías públicas perjudica a productores y habitantes que quieren ir hacia 9 de Julio o La Sofía.

Por Alfredo Zaiat (Página 12)

El 26 de noviembre de 2009, el Concejo Deliberante de Carlos Casares, con el voto unánime de sus trece miembros presentes, aprobó la comunicación 08/09, solicitando al Ejecutivo comunal la liberación al tránsito de una calle pública. Esa vía de comunicación, paralela al trazado del ex Ferrocarril General Sarmiento, continuación de la calle Buenos Aires, une ese distrito con el partido 9 de Julio. Ese pedido estuvo motivado en que esa calle de tierra fue cerrada por un alambre que impide el paso de los vecinos.

El responsable de ese piquete particular con alambre es el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, dueño de la estancia La Dorita, quien incorporó esa parcela de terreno a su propiedad. En esa comunicación del Concejo Deliberante también se reclamó por otro camino cerrado por Biolcati. Con una tranquera, el tambero también clausuró un sendero público hacia la localidad de La Sofía, que se prolonga hacia el norte cruzando la Ruta 5 hasta encontrarse con la calle paralela a las vías del ex Ferrocarril General Sarmiento. De ese modo, Biolcati incorporó a la ya extensa superficie de La Dorita dos caminos públicos de tierra que son alternativas “válidas y eficientes para el tránsito de maquinaria pesada agropecuaria y vial” para el resto de los productores, señalaron los concejales de Carlos Casares. Hasta la fecha, ese pedido de apertura de dos calles de circulación pública fue ignorado por Biolcati, y ni siquiera considerado por la intendencia.

Biolcati es muy conocido en esa zona agrícolo-ganadera por su escasa preocupación por la situación que provoca su accionar en otros productores cercanos. El 3 de enero de este año, este cronista publicó “El canal de Biolcati”, donde se destacaba que la estancia La Dorita había sido denunciada en 2001 ante la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires por la existencia de un canal clandestino que permitía escurrir sus campos, afectando a sus vecinos. En esos años de padecimiento del sector, por los efectos económicos de la convertibilidad y por la gran inundación en la Pampa Húmeda, la construcción de canales aliviadores ilegales multiplicaron los riesgos sobre el casco urbano de decenas de localidades y sobre los campos de pequeños y medianos productores. Esas obras provocaron varios enfrentamientos entre dueños de campos y también entre intendentes. Uno de los canales clandestinos que hizo estragos fue el construido en la estancia La Dorita, que servía para salvar los terrenos de Biolcati. Una serie de artículos publicados en esos años en el diario La Nación, medio que no puede ser señalado como enemigo del campo al expresar como ningún otro el interés de los integrantes del sector agropecuario privilegiado, reflejó el caso de La Dorita de Biolcati, entre otros. El titular de la Rural también tiene en su haber otro conflicto por canales aliviadores, ocurrido en 1997.

Canales clandestinos que perjudican a productores, oposición a permitir la construcción de uno en su campo para aliviar a decenas de productores vecinos y la clausura de dos calles públicas para su beneficio personal forman parte de la foja de servicios del anfitrión de la Exposición Rural de Palermo en su relación con la comunidad de Carlos Casares. La versión taquigráfica de la sesión en el Concejo Deliberante que emitió el comunicado dirigido al entonces presidente del cuerpo legislativo y posterior intendente radical Luis Alberto Seraci, reclamando la apertura de esos dos caminos de tierra, permite conocer en detalle la historia de las calles de Biolcati. El concejal Daniel Lombardo explicó en el recinto que el camino que lleva al partido de 9 de Julio está cerrado al tránsito “por un alambre y además hay una serie de montículos de tierra y una alcantarilla que no está en uso”. “Esto es realmente de no creer, que dos caminos que facilitarían la posibilidad del tránsito de maquinarias se encuentren cortados”, afirmó. Para luego enfatizar que “aquí hay alguien que está haciendo un abuso tremendo de su propiedad, extendiéndola”, agregando que “este tipo de cortes son asombrosos y es realmente vergonzoso”.

Después hizo uso de la palabra el concejal Claudio Caprioli, quien indicó que el corte de un camino público para usufructo personal es un delito. Como antecedente de la actuación de Biolcati en la zona, recordó los acontecimientos de 1997. Caprioli rememoró que en ese año el área agropecuaria estaba padeciendo los estragos de una fuerte inundación. Para atender el estado de desesperación de varios productores se necesitaba desviar el agua mediante un canal aliviador por el costado de la ruta, desde el bajo de la Laguna Magagnini hacia la Laguna de La Dorita, de Biolcati. Caprioli detalló que “hubo que hacer una serie de reuniones con el propietario de esas tierras, el señor Biolcati, que no permitía, pese a la situación desesperante en que estaba el sur de nuestro partido, que máquinas municipales entraran a su terreno para hacer el zanjeo necesario”. Biolcati argumentaba que esa obra perjudicaba hectáreas de su propiedad privada, hasta que logró mediante un acuerdo con la provincia de Buenos Aires el “pago de una especie de canon mensual para permitir que el agua, en esa situación de emergencia, cruce la Ruta 5 en el kilómetro 306, pase por su tierra y llegue a la laguna”, explicó el concejal. Apuntó que Biolcati no respondía a los pedidos de la intendencia, y que las autoridades tuvieron que “ir hasta su lugar para pedirle poco menos que por favor, y no se logró hasta el momento que tuvo la posibilidad de recibir dinero a cambio”. En su exposición, Caprioli retomó el tema de las dos calles cerradas, afirmando que “el hombre (por Biolcati) cerró caminos públicos y los transformó en unas cuantas hectáreas más para su provecho. Impidió el acceso de muchos otros productores que tienen sus campos en esa zona, que tienen que dar una vuelta inmensa para llegar a sus campos porque el señor Biolcati alambró la calle pública”. Concluyó diciendo que “mucho le costó ceder unas hectáreas para hacer una zanja que beneficiaba a mucha gente y no le costó nada poner alambrado para aprovecharse de lo que no es de él”.

El concejal Oscar Reyero afirmó que “el hecho de que una calle pública hoy sea de dominio privado es una aberración”, y es importante “recuperarla porque resultaría una vía alternativa para el tránsito de maquinarias agrícolas, que de esa forma evitarían el uso de la Ruta 5 con los peligros que ello conlleva”. En ese momento de la sesión, el concejal Lombardo solicitó nuevamente la palabra para mencionar que Reyero habla por propia experiencia debido a que tiene un campo cercano a ese camino apropiado por Biolcati. Por esa clausura privada, el concejal productor –explicó Lombardo– ha tenido que dar bastantes vueltas con su maquinaria para llegar a su campo. “Pareciera que estuviésemos en el siglo XIX, cuando después de las conquistas de los territorios que habían pertenecido a los aborígenes se miraba a lo lejos y se decía: ‘Bueno, allá donde llega la vista pongo el alambrado’. Menos mal que (Biolcati) no tenía largavistas, si no, hubiese alambrado hasta la Estación de Casares”, señaló irónico Lombardo. Para concluir que “acá hay un abuso terrible, propio de alguien que se ha manejado con una impunidad total, amparado precisamente por su poder económico. Estamos peleando para que estos caminos vecinales, aunque sea para que circule nada más que un tractor de un humilde trabajador rural, sean abiertos, nada más”. Se puso a votación el comunicado dirigido al intendente y fue aprobado por unanimidad de los trece concejales presentes. Desde entonces nada ha cambiado. Biolcati todavía disfruta de haber incorporado a su patrimonio dos calles públicas, inhibiéndose por ahora de ponerles su nombre.

azaiat@pagina12.com.ar

“Silencio por sangre”: la investigación sobre Papel Prensa

“¡Firmá o te mato!”

La contundente expresión con que empieza el libro “Silencio por sangre”, de los periodistas Daniel Cecchini y Jorge Mancinelli, es elocuente y refleja su estilo y contenido. Tanto, que le hace decir a otro periodista, Eduardo Anguita, en el prólogo: “es, sin duda, un thriller. Tiene la tensión delrelato de hechos reales que reclamaba Rodolfo Walsh y, además, cada frase contiene un dato y cada párrafo un concepto. Lo dramático es que, como otras grandes investigaciones periodísticas, nos pone de cara a la impunidad y la voracidad de los grupos de poder económico cuando están asociados con las peores formas de autoritarismo político.”

El libro, que acaba de ser publicado por editorial Miradas al Sur (cuesta $10 y se vende en los quioscos de diarios), relata cómo la empresa Papel Prensa, creada en la década del ’60 como un alternativa para contar con papel de diario fabricado en el país, se transformó en el preciado botín que permitió un acuerdo cuasi mafioso entre la dictadura militar de 1976 y tres grandes diarios argentinos.

“Silencio por sangre” cuenta los entretelones de la empresa, de qué manera las acciones pasaron por las manos de Civita, Graiver y más de 300 accionistas después, para quedar en poder de Clarín, La Nación y el gobierno de Videla en 1977, y convertirse hasta ahora en el arma estratégica que permitió avanzar y consolidarse a los dos grandes diarios argentinos, destruyendo o neutralizando competidores y dominando en forma total el mercado editorial.

Pero nada mejor que el lector mismo pueda evaluar el estilo y las características de esta investigación, que no fue sencillo realizar hasta hoy (aunque existen valiosos antecedentes parciales), cuando se cuenta con nuevos testimonios, documentos que salen de sus escondites y una acción judicial que parece avanzar sin pausa en el camino hacia la verdad. Por eso es interesante conocer cómo son los primeros párrafos de la obra...

“¡Firmá o te mato!”

La mujer –joven, recientemente viuda, madre de una niña pequeña- sabía que no acababa de escuchar una amenaza vana. Corría marzo de 1977 y allí donde estaba, la gente moría, la mataban. Lo había visto. Lo había escuchado a través de las paredes. A ella también podía pasarle si no firmaba los malditos papeles. Y si los firmaba, quizá también. Podían ejecutarla, o torturarla hasta la muerte. Su propio cuerpo le gritaba que no faltaba mucho, que tal vez no resistiera la próxima sesión de picana, de submarino, de lo que el capricho de los señores de la vida y de la muerte decidiera.

“¡Firmá, impura, o te mato!”

Allí no tenía otro nombre. Desde la misma noche de su secuestro la habían empezado a llamar así: “La impura”. Se había casado con un judío, y eso no se lo perdonaban. Era psicóloga, una profesión subversiva, y eso tampoco ayudaba. Le peguntaban por personas, lugares, encuentros y otras cosas, y ella casi nunca sabía las respuestas. Pero no estaba allí por eso. Lo que querían era otra cosa: que firmara la sesión de las acciones de la empresa productora de papel de diarios que había sido de su marido y que, tras la muerte de éste en un accidente aéreo, les pertenecían a ella y a su hija. Por eso también estaban secuestrados, desaparecidos para todos, su suegra, su suegro y otros miembros de su familia.

“¡Firmá, carajo, firmá o te mato!”

Devuelta a la oscuridad de su celda de Puerto vasco, la frase seguía retumbando en los oídos de Lidia Papaleo de Graiver. Sabía que estaba al límite de sus fuerzas: tenía los pechos y el abdomen destruidos por las torturas; los golpes en la cabeza la tenían en un permanente estado de confusión. Lo que más la desesperaba era no saber dónde ni con quiénes estaba maría Sol, su hija de un año.
(…)

(Continuará)

Estos son los jueces que favorecen a Clarín y La Nación

La Justicia pone la lupa sobre la Justicia

Los camaristas Luis Francisco Miret y Otilio Romano, entre otros magistrados y ex fiscales mendocinos, son acusados por omitir denuncias, avalar detenciones ilegales y no investigar torturas durante la última dictadura militar. Son los mismos que frenaron la Ley de medios.

Por Nora Veiras (Página 12)

“El Poder Judicial federal de la provincia de Mendoza evidenció (durante la dictadura) una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron (...) Esta afirmación está basada en un hecho incontrovertible: pese a las innumerables denuncias de cientos de desapariciones y/o homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos sexuales (...) no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado por la comisión de esos delitos.” A lo largo de casi doscientas fojas, el fiscal general Omar Palermo detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a los actuales camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Luis Francisco Miret y al ex juez Gabriel Guzzo, entre otros, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. Calificaciones que tributan en delitos de lesa humanidad.

Miret y Romano ya fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por organismos de derechos humanos y el propio ministro de Justicia provincial (ver aparte). El pedido del fiscal Palermo, encargado de impulsar las causas por delitos de lesa humanidad, se nutre del testimonio de las víctimas entre 1975 y 1983. El rechazo de los recursos de hábeas corpus, la negativa a buscar a personas desaparecidas, a investigar las condiciones de quienes estaban detenidos y a indagar sobre las torturas estremecen a pesar de la asepsia de la jerga legal. La colaboración del aparato judicial con el terrorismo de Estado se está empezando a investigar en distintas provincias (ver aparte). En Mendoza ya provocó la renuncia de otro camarista, Carlos Martín Pereyra González, quien fue señalado por la Cámara de San Luis por haber presenciado sesiones de tortura.

Modus operandi
El pedido del fiscal Palermo se presentó ante el juez Walter Bonto, titular del juzgado que está en manos como subrogante de Olga Pura de Arrabal, la magistrada que trascendió por su fallo a favor de la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Decisión avalada por los camaristas denunciados por complicidad en delitos de lesa humanidad y revertida por la Corte Suprema de la Nación. Tras la feria judicial se supone que Bonto reasumirá. Miret y Romano pretendieron deslegitimar las denuncias en su contra aduciendo que eran una persecución por su postura frente a la ley de medios. Horacio Verbitsky precisó en Página/12 el pasado 25 de abril que “los organismos de derechos humanos entregaron al Consejo de la Magistratura la denuncia el 22 de marzo y la Cámara de Mendoza recibió la apelación por la ley audiovisual una semana después”.

“Hubo jueces diligentes, no heroicos”, pero que con sus decisiones pudieron dar con un paradero y “poner coto a la dictadura”, señala el fiscal. Esa conducta no caracterizó a Miret, Guzzo y Romano. Por ejemplo, en el caso del secuestro del matrimonio Galamba que denunció, además, el robo de camas, roperos, heladera, lavarropa y ropa, el entonces fiscal Romano rechazó investigar el tema porque “se convertiría al tribunal en una oficina de informes de cosas perdidas”.

El caso de Luz Faingold, una adolescente de 17 años que fue detenida en el ’75 es uno de los que más compromete a Miret (ver aparte). El dictamen del fiscal precisa que “si bien el juez Miret no ordenó directamente la detención de la menor, habría sido anoticiado –probablemente de manera telefónica– el mismo día del resultado del allananamiento que él había ordenado. Es decir, desde un primer momento tomó conocimiento de que tenía privada de su libertad a una menor de edad, en un centro clandestino de detenidos junto a personas adultas perseguidas por causas políticas, a quien mantenía además incomunicada, no obstante lo cual, una vez anoticiado, dispuso la continuidad de esa detención preventiva ilegal y que se la mantuviera incomunicada negándole la entrega a la madre”. El entonces fiscal Romano estaba al tanto de la situación y ambos “una vez que tomaron conocimiento de las torturas y del abuso sexual del que fue víctima la menor por parte del personal policial, omitieron promover la persecución y represión de los delincuentes”.

La denuncia presentada por organismos de derechos humanos y sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionaba en el Departamento de Informaciones de la policía mendocina cuenta que Miret se jactaba de ser amigo personal del general Juan Pablo Saa, a cargo de la represión en Mendoza. “Miret y Romano fueron un engranaje del proceso represivo para facilitar la impunidad ajena y en algunas casos, propia”, sostienen. En un reportaje publicado por el diario mendocino El Sol, Miret se definió como “campeón del garantismo”, aclaró que no fue “juez del proceso sino juez de carrera que actuó durante el proceso” y explicó que todos los detenidos decían haber sido torturados “para desvirtuar la indagatoria policial” y abundó que los policías “estaban tentados de hacer cualquier apremio, como mínimo, un submarino, que no deja marcas, o colgarlos de las piernas por una noche y, entonces, al día siguiente, algunos cantan”. Esos apremios “podían ser o no ciertos”, agregó. El actual camarista dijo, en la misma nota, que cuando le advirtieron sobre la desaparición del profesor Mauricio López Miret pensó que “se había escondido”. En otros casos, directamente avaló actas postdatadas para blanquear el secuestro de jóvenes antes y después del último golpe militar.

Delitos
El fiscal Palermo sostiene que la tolerancia por parte de los magistrados y fiscales que actuaron durante la dictadura terminó erigiendo una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos. Llama la atención también sobre el silencio que siguieron manteniendo desde el retorno a la democracia.

Del estudio de los expedientes de la época surge que cada uno de los cientos de recursos de hábeas corpus a los que no se les dio curso permitió que los funcionarios tuvieran conocimiento de las detenciones sin orden de autoridad competente y, por lo tanto ilegales; de violaciones de domicilio, de apropiaciones de bienes, de secuestros, desapariciones y torturas.

A partir de la descripción de más de cien casos de secuestros, torturas y desapariciones –en Mendoza hay más de doscientos desaparecidos–, el fiscal Palermo pidió que se cite a declaración indagatoria a Miret por privación abusiva de la libertad, omisión de promover la investigación en 26 hechos, seis omisiones de investigar torturas, robo, prevaricato y omisiones de hacer cesar privaciones ilegales de la libertad. Al ex juez Gabriel Fernando Guzzo lo acusa por no promover la investigación ante 108 denuncias. Al ex fiscal y actual camarista Otilio Roque Romano, quien le dijo al diario La Nación que las acusaciones contra él y Miret habían sido impulsadas para presionarlos por la ley de medios, el fiscal le imputa no haber promovido las investigaciones en 97 detenciones y desapariciones, además de haber encubierto robos y evitar la continuidad de detenciones clandestinas.

Después de veintiséis años de democracia y cuando los procesos a los responsables directos y ejecutores de la represión ilegal avanzan en distintos puntos del país, el velo sobre la complicidad de los jueces empieza a correrse. En Mendoza, los magistrados encontraron hasta ahora los mecanismos para evitar que militares y miembros de fuerzas de seguridad esperen en prisión el comienzo de los juicios. La historia compartida con varios de los actuales camaristas explica la solidaridad y redobla el desafío para hacer justicia.